El juez Bonadio imputó a Cristina Kirchner y a
otros doce funcionarios, incluido el ex titular del Central, Alejandro Vanoli,
por el supuesto delito de "defraudación a la administración pública",
prevista en el artículo 174 del Código Penal, que fija penas entre dos y seis
años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas.
También imputa a la ex presidenta y al ahora diputado
Kicillof, que goza de fueros y no puede ser detenido, de encabezar una
"asociación ilícita", que equipararía su gestión de gobierno a una
banda delictiva, lo que permitiría procesarla y detenerla luego de su
declaración.
La causa investiga las operaciones de ventas de "dólar
a futuro" que, según la pesquisa habrían causado un perjuicio al erario que
el juez estimó en alrededor de 77 mil millones de pesos.
Bonadio ya indagó al ex presidente del Banco Central
Alejandro Vanoli, quien defendió la operatoria y dijo que con ello había
evitado una devaluación, y a los ex vices primero y segundo de la entidad
Miguel Pesce y Sebastián Aguilera.
Al ordenar las indagatorias, Bonadio había dicho que se
trataba de "un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada
y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y
técnico/administrativas", que actuaron "en violación directa de sus
competencias y atribuciones".
Las operaciones, según el magistrado, se concretaron
"en condiciones dañosas para el erario público, ya que entre los meses de
septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte
del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e
intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado nacional".
El diputado nacional y ex ministro de Economía Axel Kicillof
defendió ante el juez Claudio Bonadio las operaciones de "dólar a
futuro" y recomendó al magistrado que investigue "al actual
gobierno" si "quiere encontrar a los responsables de las grandes
pérdidas que produce una mega devaluación".