Duelen, porque son casos que golpean a la gente que suele pagar con su vida o su patrimonio. Pero ocurre cada vez más que a los legisladores no se le ocurre mejor cosa de dedicar una ley inútil a cada cosa que impacta sobre todos los mortales, especie de lavado de culpas que no reconoce jurisdicción porque es válida tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura provincial. Lo peor es que a nadie le llama la atención: estas leyes 'pour la galerie' no hacen más que profundizar el problema, porque son de cumplimiento imposible y sin mecanismos de control. Como mínimo, cuando no se convierten en la fuente de verdaderas injusticias: a éste sí, a éste no.
Si se puede llamar una tendencia, comenzó con el caso Blumberg, aquella vez que el clamor popular fogoneado por varias plazas del Congreso repletas de antorchas ante el cruel asesinato de Axel Blumberg a manos de una banda de secuestradores llamó a endurecer las penas no sólo para ese tipo de delito sino para cualquier acción penal para delitos de robo y hurto. El resultado, a una década de distancia, fue desastroso: no sólo que la mano dura de una ley en que el patrimonio fue más importante que la integridad física no resultó una amenaza mayor contra futuros delincuentes, sino que además hubo casos risueños en que el delito fue más rápido que la ley. Por caso, salieron a robar con pistolas de juguete, ya que la nueva ley permitió extinguir la acción penal si no había amenaza concreta.
Siendo una ley penal, no es esa una norma que no se aplica sino lo es una que no consigue lo que presuntamente pretende –disminuir el delito- y por lo tanto fue diseñada para calmar a la tribuna. Sí lo es en cambio, y se acaba de comprobar en San Juan, la ley de entraderas bancarias, nacida al calor de otra desgracia como lo fue la de Carolina Píparo, la joven mujer baleada a la salida de un cajero y su consecuente pérdida del avanzado embarazo que llevaba.
Aquella brutalidad fue motivo para que nuevamente el Congreso reaccionara con una displicencia absoluta, equivalente a su falta de preocupación para una solución real del problema. Se anunció, procesó y sancionó una ley que puso reglas firmes a las entidades bancarias, como la colocación de boxes individuales para que cada cliente frente a un cajero no sea observado por cualquiera desde lejos o el bloqueo de celulares para impedir mensajes entre delincuentes, entre otras medidas. El asunto es que nadie cumple esas flamantes reglas bienintencionadas, tampoco nadie se ocupa de controlar que se cumplan, y así será hasta la próxima desgracia.
Domingo Godoy es un jubilado que lo sufrió el 19 de febrero pasado en el Banco Nación de San Juan. El hombre fue a retirar $400.000 para comprar una casa, se fue a la vivienda donde estaba hospedado y a las pocas horas cayeron los cacos a buscar lo que habían visto que Godoy retiraba del banco. Simple. El Banco Nación no cumple con la ley sancionada hace 5 años porque no dispone de mamparas intermedias y tampoco inhibidores de señal, apenas algún oficial de policía en la puerta que a todas luces resulta insuficiente. Y eso que es el banco oficial más importante del país, el resto y los privados en San Juan tampoco las cumple.
La misma semana en que quedó acreditado que ni siquiera el mismísimo Banco Nación respeta una ley de la Nación, un informe de Tiempo de San Juan reveló los crecientes problemas que ocasionan los excursionistas que se adentran en la montaña, se pierden y luego hay que ir a buscarlos. Para ellos también les fue diseñada a su paladar una ley de gusto –por llamarle respetuosamente a lo que la sabiduría popular denominaría de una manera más, diríamos, contundente-, pero desde que fue sancionada hace 5 años como corolario de un caso que estremeció a la opinión pública (el caso de una mujer perdida que falleció) nunca fue aplicada. Maldita costumbre de responder con una ley inútil para lavar responsabilidades de lo que pasa en la calle.
En lo que va del año, de acuerdo con este informe, hubo 13 personas que se perdieron entre los cerros sanjuaninos y movilizaron gran cantidad de esfuerzos de los Bomberos por rescatarlos. A ninguno de ellos les pidieron, como ordena la ley de diciembre de 2010, que los que suban cuenten con un seguro de vida. Ninguno tampoco hizo lo que ordena la ley: dar aviso a la policía de su itinerario, caso contrario deben afrontar el costo de su rescate. Ni avisaron, por otra parte porque resulta imposible hacerlo ya que no existe organismo que reglamente la ley, ni pagaron un solo centavo para compensar el esfuerzo.
Ni siquiera en el caso del montañista mendocino extraviado en la zona de Ansilta, los gendarmes tenían información de su presencia antes de que explotara la emergencia, que por otra parte costó sumas millonarias porque demandó la participación hasta de un helicóptero mendocino. En Mendoza, hay que decir, existe una ley que hace pagar el rescate a los perdidos en el Aconcagua y se cumple a rajatabla: quien no deja una garantía de pago antes de subir, no pasa.
Eso sí, una vez enterados de esta ley provincial de gusto todos salieron a quejarse. Desde los esforzados miembros del Andino Mercedario, a quienes siempre buscan para salvar las papas, hasta los también esforzados policías o gendarmes. Igual, tarde para los lamentos cuando los hechos estallan en la cara.
Y así seguir empeñados en impulsar leyes que todo el mundo sabe que no serán cumplidas, de no mediar un brazo ejecutor fuerte y decidido. Ocurre desde la ley seca, hasta la de colas bancarias, con cientos de etapas intermedias en la provincia. La ley seca, porque parece de aplicación selectiva: se conocen los boliches donde el consumo de alcohol excede el horario permitido de las 3.30 am, pero nada, se conoce también que la prohibición de venta después de las 11 de la noche es una expresión de deseos bien lejana de la campanita inglesa que golpea y se terminó sea quien sea. Hasta deliverys de madrugada organizan.
La ley de colas bancarias es otra gran vergüenza. Se habilitó un registro en cada casa bancaria para que quede constancia de la demora que no puede exceder los…30 minutos. Sí, para reírse, lo que nace sin demasiada fuerza en cuanta persona haya hecho un trámite en cualquier banco de San Juan. ¿Sanciones? Bien gracias.
Y en el tránsito, la cosa también es compleja. Más allá de las normas, se sabe que no se puede conducir si uno habla a la vez por celular, cualquier invitación a salir a la calle para comprobarlo sería redundante. También se sabe que el conductor de motos debe transitar con casco y chaleco, una de las normas que más se aplican aunque sin llegar a ser absoluto. Lo que es intolerable es seguir viendo a familias enteras de hasta 4 e incluso 5 integrantes arriba de las dos ruedas de una moto, en rutas, calles o autopistas rumbo a una desgracia probable y pese a su terminante prohibición por ley. Sí, que no se cumple y que incluso amagó con ser reducida en esa restricción a sólo una persona con acompañante registrado en la policía, aunque prevaleció la razón: si no se puede con esto, lo que sería una larga fila en cada comisaría.
Casos todos dignos de un capítulo del digesto jurídico provincial, un esfuerzo por depurar las leyes que ya no tienen vigencia que podría agregar un apartado con las que sí rigen y no se cumplen.
