Vuelven a Tribunales los punteros políticos de 9 de Julio del supuesto autorobo de $10.000.000
Omar Fabián Carrizo, Iván Carrizo y Cecilia Avendaño, quienes fueron detenidos en julio del año pasado. Si bien luego recuperaron la libertad, son investigados por estafa y falsa denuncia.
Iván Carrizo, su padre Omar Carrizo y su novia Cecilia Avendaño, los integrantes de la coperativa 9 de Julio Avanza.
Los tres punteros políticos de la cooperativa de 9 de Julio que cayeron presos el año pasado por el supuesto autorobo de 10 millones de pesos regresan a escena pública. Este viernes volverán a Tribunales para la audiencia en la que definirán la prórroga de la investigación penal preparatoria, aunque no se descarta que alguno de ellos pueda acceder a un posible juicio abreviado.
Hay hermetismo en torno a la causa contra Omar Fabián Carrizo, su hijo Iván Carrizo y Cecilia Avendaño, actualmente imputados por los delitos de estafa en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia. Existen versiones de que los abogados defensores Alejandra Iragorre y Claudio Vera estarían manteniendo conversaciones con la fiscal Claudia Salica y el equipo de la UFI Delitos contra la Propiedad, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.
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La audiencia será este viernes y el motivo principal es que se vence el plazo de seis meses de la investigación penal preparatoria, dictada el 18 de julio de 2025 por el juez de garantías Javier Figuerola. Ante ese escenario, la fiscalía deberá expedirse si solicita una prórroga del proceso o si avanza hacia otra instancia. En ese contexto, volvió a circular el rumor de que los tres imputados, o alguno de ellos, podría abreviar, pero ninguna de las partes respaldó públicamente esas versiones.
El caso de los tres cooperativistas fue un escándalo, sobre todo porque se trata de una familia ligada al mundo político de 9 de Julio y con vínculos con el Partido Justicialista. Todo se desató el 11 de julio, cuando Omar Carrizo denunció que había sido víctima de un violento asalto tipo motochorro en pleno microcentro sanjuanino. Según su versión inicial, dos delincuentes lo interceptaron en calle Entre Ríos, entre Libertador y Laprida, y le arrebataron una mochila con $10 millones que acababa de retirar del banco Credicoop.
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El dinero secuestrado durante los allanamientos.
Las sospechas surgieron casi de inmediato. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona desmintió la escena del robo: no hubo motochorros ni forcejeo. Además, Carrizo había asegurado que caminaba solo, pero las imágenes lo mostraron junto a su hijo Iván y a Cecilia Avendaño. A esto se sumó otro dato clave, dado que del banco no habían retirado $10 millones, sino $27.800.000, aunque solo denunciaron el robo de una parte de esa suma. Después dijeron que esa plata era para pagar sueldo de los empleados de una cooperativa de Rawson.
Con esos elementos, la fiscalía avanzó con la imputación por falsa denuncia y estafa, al entender que se trató de un presunto autorobo. Los tres fueron detenidos el 16 de julio y trasladados al penal de Chimbas con prisión preventiva por el plazo de un mes. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron $4 millones en la casa de los Carrizo y otros $4 millones en el domicilio de Avendaño, sin que hasta hoy se haya logrado determinar el destino del resto del dinero.
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Los abogados defensores Sandra Leveque, Alejandra Iragorre y Claudio Vera.
El expediente también dejó al descubierto un trasfondo político y administrativo que aún se investiga. Existen versiones judiciales que indican que parte de esos fondos podrían provenir de transferencias estatales, lo que agravaría la situación procesal de los imputados. Incluso, concejales de la oposición de Rawson solicitaron informes para que el intendente Carlos Munisaga explique por qué se habrían girado fondos a la cooperativa 9 de Julio Avanza y en concepto de qué obras.
Aunque luego recuperaron la libertad con medidas coercitivas, la causa sigue abierta y bajo análisis de la UFI Delitos contra la Propiedad. La audiencia de este viernes será clave para saber si la investigación se extiende, si la fiscalía avanza hacia un juicio o si alguna de las partes opta por una salida abreviada en uno de los casos más resonantes del último año en el ámbito judicial sanjuanino.