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Judicial

Quedan libres los punteros políticos que están en la mira por el autorobo millonario a la cooperativa de 9 de Julio

Este lunes se realizó una audiencia por revisión de medidas cautelares y fue la misma fiscalía quién solicitó al juez de Garantías que cese la prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Cuando inició la causa fueron los mismos miembros de UFI Delitos Contra la Propiedad quienes solicitaron la prisión preventiva para los tres. El juez de Garantías Javier Figuerola la otorgó por el plazo de 1 mes, es más, los tres acusados estaban desde el pasado 24 de julio.

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Ahora, cuatro días después, extrañamente el MPF solicitó una nueva audiencia contra ellos por revisión de medidas cautelares. El ayudante fiscal José Luis Salinas expresó que no existen méritos suficientes para que sigan presos y solicitó morigerar las medidas coercitivas.

La defensora oficial Sandra Leveque, nueva defensora de Cecilia Avendaño, y los doctores Esther Iragorre y Claudio Vera en representación de los hermanos Carrizo, no se opusieron a esta solicitud. Finalmente, el magistrado los dejó en libertad con medidas de coerción, no deberán entorpecer la investigación y someterse al proceso, deberán presentarse 1 vez al mes en comisaría 11ra y no podrán salir del territorio sanjuanino sin autorización del juez.

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El supuesto autorobo a la cooperativa de 9 de Julio

La investigación determinó que los imputados habían retirado $27.800.000 del banco Credicoop, aunque sólo denunciaron el robo de una parte de esa suma. Según su versión inicial que dio Omar Carrizo, dos motochorros lo emboscaron en calle Entre Ríos, entre Libertador y Laprida, y le arrebataron una mochila con $10 millones. El resto del dinero, aseguró, lo llevaba en una bolsa que no le robaron. Sin embargo, las cámaras de seguridad desmintieron esa escena: el supuesto robo nunca ocurrió. Además, el hombre dijo que caminaba solo al momento del ataque, pero las imágenes muestran que los tres estaban juntos en Entre Ríos y Libertador.

Estas incongruencias llevaron a que la fiscalía solicitara sus detenciones. Los policías de la UFI Delitos contra la Propiedad secuestraron $4 millones en la casa de los Carrizo, y otros $4 millones fueron hallados en el domicilio de Avendaño. Ninguno de los tres declaró durante la audiencia de formalización, por lo que no se sabe qué hicieron con el resto del dinero. Tampoco explicaron por qué, en un principio, aseguraron haber retirado $18 millones, cuando un comprobante bancario señala que el 11 de julio retiraron $27.800.000.

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De este modo, aún falta localizar los $19.800.000 restantes o determinar a dónde fueron a parar. Además del hallazgo de dinero, los fiscales detectaron contradicciones en las declaraciones y maniobras que —según expresaron— buscaban entorpecer y desviar la investigación. Hay versiones que indican que ese dinero proviene de la Municipalidad de Rawson, confió una fuente judicial. De hecho, tres concejales de la oposición de ese departamento ya solicitaron un pedido de informe para que el intendente Carlos Munisaga brinde explicaciones sobre por qué transfirió esos fondos a la cooperativa 9 de Julio Avanza y en concepto de qué obras.

La fiscalía imputó a los Carrizo y Avendaño por los delitos de defraudación y falsa denuncia.

Aunque en audiencia los Carrizo y Avendaño no aclararon qué relación tienen con la cooperativa 9 de Julio Avanza, fuentes del caso indicaron que son punteros políticos vinculados al municipio, y que Avendaño, estudiante de abogacía de 30 años, figura como presidenta de la organización. El caso podría agravarse si se comprueba que los fondos retirados pertenecen a una entidad estatal o fueron aportados por organismos públicos, en cuyo caso se consideraría una defraudación contra la administración pública.

La relación entre los tres imputados está rota. Cecilia Avendaño, quien compartía abogados con los Carrizo, revocó la designación de sus letrados y pidió nuevos defensores, la misma pasó este lunes a la defensora oficial Sandra Leveque.

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