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SUSCRIBITELa mujer en la mira es la tía política de la presunta víctima, quien intentó eludir el proceso judicial por el retraso madurativo que tiene. Sin embargo, una junta médica determinó que sí comprende la criminalidad de sus actos.
El caso resulta aberrante no sólo por el tenor de la denuncia que investiga ANIVI, sino también por el comportamiento de la sospechosa, que la llevó a estar presa en su casa. Se trata de D.C.G, una mujer de 32 años, quien fue acusada de abusar sexualmente de un nene de 13 años, de amenazarlo y, como si fuera poco, de desobedecer una orden judicial.
El hecho se remonta a principios de 2025, cuando la madre de la presunta víctima denunció en la Policía que sorprendió a la imputada cuando abusaba de su hijo. El chico, que vivía bajo el mismo techo que su tío, se había quedado solo con la pareja de éste y, en ese momento, la denunciada habría aprovechado la ocasión para perpetrar el ataque sexual.
A pesar de la grave acusación frente a las autoridades, la tía política del menor presentó un certificado de discapacidad, con el que pretendía eludir el proceso en su contra, que ya había sido remitido a la UFI ANIVI. Fue por ello que, previo a la formalización, el juez de Garantías ordenó una junta médica para determinar el estado mental de la misma como así también dictó una restricción de acercamiento.
Sin embargo, D.C.G hizo caso omiso al mandato judicial y no sólo regresó al domicilio al que no debía acercarse, sino que además sumió en terror al chico y a su madre, los que -acorde apuntaron fuentes judiciales- debieron encerrarse en una habitación cada vez que la mujer acudía a su vivienda. Mientras tanto, el examen psicológico y psiquiátrico se desarrolló y este lunes se conoció su resultado.
La opinión de los médicos señaló que la mujer es imputable, que si se halla en condiciones de afrontar un proceso judicial, a pesar de presentar un retraso madurativo, ya que comprende la criminalidad de sus actos y puede distinguir entre el bien y el mal. Es por eso que, a pedido del fiscal Nahuel Ibaceta, el juez Roberto Montilla la imputó por abuso sexual simple, coacción y desobediencia de una orden judicial.
Por ese motivo, la autoridad le dictó la prisión preventiva a la mujer defendida por el defensor oficial Marcelo Salinas, aunque resolvió que el cumplimiento de la medida coercitiva sea en su domicilio, situado en Rawson, tras considerarla no apta a permanecer dentro del Servicio Penitenciario.
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