Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl hombre tuvo que comparecer este lunes en Tribunales y el fiscal le imputó el delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil.
Imagen ilustrativa
Un anciano de Capital es investigado por la presunta tenencia de material de pornografía infantil. El hombre tiene 71 años y quedó en la mira de los investigadores de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas a raíz de un reporte internacional que alertó sobre dos archivos de contenido ilegal hallados en su teléfono celular.
Roque Roberto Vergara, el sospechoso, tuvo que presentarse este lunes en la audiencia de formalización ante el juez de garantías Eugenio Maximiliano Barbera. El fiscal Pablo Martín, junto a la ayudante fiscal Milena Berbari, imputó al anciano de la presunta comisión del delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual de menores, y el magistrado dispuso que continúe en libertad.
La causa se originó en marzo pasado a partir de un informe remitido por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia surgió gracias al trabajo coordinado entre organismos judiciales del país en el marco del convenio suscripto por el Consejo de Procuradores y el Consejo Federal de Política Criminal.
El caso fue detectado por la empresa Google, que reportó el tráfico de un video y una foto de abusos sexuales contra menores de edad al celular de Vergara. Eso ocurrió en diciembre de 2024 y en enero de 2025, y los archivos fueron subidos a un dispositivo de almacenamiento de Google Drive perteneciente a la cuenta de Vergara.
Durante un procedimiento, el personal de la UFI secuestró su celular y otros dispositivos informáticos para ser peritados. Mientras avanza la investigación contra el abuelo, el juez Barbera resolvió mantener al imputado en libertad, bajo ciertas condiciones: presentarse una vez al mes en la Comisaría 28.ª, no salir de la provincia sin autorización previa y comprometerse a no obstaculizar la investigación. Estas medidas regirán por el plazo de ocho meses.