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SUSCRIBITEEl hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre. La mujer fue imputada por abuso de armas y lesiones agravadas. La Fiscalía pidió su prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Una vendedora ambulante con antecedentes federales por el uso de drogas quedó bajo la mira de la justicia por un violento episodio ocurrido en horas de la tarde del pasado 30 de diciembre. De acuerdo con los expuesto por el Ministerio Publico Fiscal en una audiencia de formalización realizada este viernes, Silva Elizabeth del Carmen le habría efectuado un disparo de arma de fuego contra un vecino en una de sus piernas.
El juez del caso, Pablo Leonardo León dispuso que la mujer quede con prisión preventiva por el plazo de un mes y un plazo de investigación de 6 meses para la investigación penal preparatoria.
Según la investigación del fiscal Herrera Rodrigo, todo comenzó cuando Silva mantuvo un intercambio con la victima identificada como T.T pos sus siglas, en el departamento de Rawson. En el marco de una situación de tensión previa, la mujer habría manipulado y utilizado un arma de fuego, efectuando un disparo en una de las piernas del damnificado.
Como consecuencia del hecho, la presunta víctima sufrió lesiones, que lo inhabilitaron para poder ejercer su trabajo por una semana. El proyectil quedó alojado en la humanidad del herido, aunque no presenta mayores complicaciones de salud. La Fiscalía sostuvo que el accionar no fue accidental, sino que se trató de una conducta deliberada, en un contexto de alteración psicofísica de la imputada, vinculada al consumo de sustancias psicoactivas.
Tras la denuncia, la Justicia libró una orden de allanamiento y detención el 30 de diciembre de 2025, la cual fue ejecutada por personal de la Brigada de la UFI Genérica. Si bien el arma de fuego no fue hallada, se procedió al secuestro del teléfono celular de la imputada y de sus prendas de vestir, elementos considerados relevantes para la causa.
La Fiscalía también mencionó que, luego del hecho, se registraron amenazas e intimidaciones hacia el entorno del denunciante, atribuidas al círculo familiar de la imputada, lo que obligó a disponer medidas de resguardo, incluso con custodia policial para retirar el vehículo del damnificado.
Estos hechos motivaron la apertura de la Investigación Penal Preparatoria y la imputación de Silva por abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego y lesiones agravadas, solicitándose además su prisión preventiva ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Silva hizo uso de la palabra ante el juez negando rotundamente los hechos, admitiendo un antecedente anterior, pero descartando su participación en el hecho. Además, aseguró que su delicada condición económica no le permite tener a su disposición un arma de fuego y que tampoco sabe manipular este tipo de elementos.
Por último, la defensa oficial ejercida por Alejandro Martín García, se opuso a la prisión preventiva, solicitando medidas menos gravosas. Alegó que la imputada no cuenta actualmente con un arma de fuego, que se encuentra detenida y sin acceso a su celular, por lo que no podría ejercer hostigamiento alguno. Destacó además su situación familiar, indicando que es madre de dos hijos menores, y solicitó su libertad o, subsidiariamente, la aplicación de medidas alternativas, tales como restricciones de acercamiento y presentaciones periódicas.
Una condena en el juzgado federal con pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, la falta de comprobación hasta el momento de que haya extinción de la pena impidió que se habilite el dialogo a una resolución alternativa. Teniendo en cuenta que no se han cumplido los 10 años para tener prescrita hostilidad, como requiere la ley.