Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl acusado reconoció la maniobra, aceptó pagar casi 800 mil pesos actualizados y, de cumplir, quedará sobreseído. La compra fraudulenta fue una bicicleta adquirida con una tarjeta ajena.
Un conflicto que nació en el ámbito de la confianza y terminó en los tribunales tuvo este lunes un giro clave en la Justicia sanjuanina. En una audiencia realizada el 16 de diciembre, el juez Roberto Montilla homologó un acuerdo de reparación integral en una causa por estafa que enfrentó a dos hombres que se conocían desde hacía años.
El caso investigado por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Duilio Ejarque, tuvo como imputado a José Luis Aubone Fracapani, quien fue denunciado por haber utilizado sin autorización la tarjeta de crédito de su amigo, Orlando Ángel Ariel Ruiz Álvarez, para realizar una compra de alto valor a través de Mercado Libre.
Según se expuso en la audiencia, la maniobra salió a la luz cuando la víctima detectó en su resumen bancario una operación que jamás había realizado, la compra de una bicicleta todo terreno rodado 29, valuada en $788.000, adquirida en el comercio sanjuanino Casa Brisson. Tras el reclamo ante el banco y el bloqueo de sus tarjetas, se confirmó que el rodado había sido retirado por el propio imputado.
La investigación determinó que la operación se concretó el 2 de julio de 2025 y que el pago se realizó con una tarjeta VISA del Banco Galicia a nombre del denunciante, sin su consentimiento. Si bien el banco anuló el consumo y el comercio terminó cobrando el importe por intermedio de la plataforma digital, quedó abierta la incógnita sobre quién resultó finalmente perjudicado económicamente.
Para evitar que el conflicto avance a juicio, las partes acordaron recurrir al instituto de la reparación integral. En ese marco, Aubone Fracapani se comprometió a depositar la suma total de $788.000, actualizada según la tasa activa del Banco Nación, dentro de las 72 horas posteriores a la homologación del acuerdo.
El dinero quedará bajo resguardo de la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial y a disposición de quien logre acreditar haber sufrido el daño patrimonial. En caso de que nadie lo reclame dentro del plazo legal, los fondos podrán ser destinados a instituciones benéficas. De cumplirse con lo pactado, la Fiscalía deberá solicitar el sobreseimiento del imputado, dando por finalizada una causa que expuso cómo una relación de amistad puede quebrarse y terminar resolviéndose en sede judicial.