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SUSCRIBITEEl caso fue denunciado por una fiscal de Cámara, que aseguró que los funcionarios intentaron modificar un proceso penal en curso. Si bien la UFI de Delitos Especiales intentó imputarlos, el juez de Garantías metió suspenso y dictó un cuarto intermedio para resolver.
Después de haber sido denunciados por una fiscal de Cámara, un jefe comunal y tres concejales sanjuaninos se sentaron en el banquillo de los acusados frente al juez de Garantías y, aunque el Ministerio Público sostuvo la acusación en su contra, el magistrado dictó un cuarto intermedio para resolver la imputación.
Se trata del intendente de Angaco, José Castro, y los miembros del Concejo Deliberante, Alejandro Paredes, Roberto López y Alberto de los Ríos, quienes fueron señalados por intentar intervenir en un proceso penal en curso. Es que la fiscal Silvina Gerarduzzi indicó que, mientras se desarrolla un juicio por presunta malversación de fondos públicos que tiene a Castro en la mira, el Ejecutivo Municipal y el cuerpo deliberante aprobaron un acuerdo institucional de conciliación para frenar el debate y extinguir la acción penal.
Por ese motivo, la funcionaria que participa en el debate los denunció ante la UFI de Delitos Especiales por los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, en el caso del mandatario, y por abuso de autoridad y encubrimiento, en el caso de los ediles. A partir de ello, el fiscal Francisco Nicolía tomó contacto con la causa y avanzó hacia la imputación.
Si bien estaba todo dado para que este miércoles fueran imputados formalmente y que, como consecuencia, los hechos fueran indagados por un transcurso de 6 meses, el juez Gerardo Fernández Caussi puso suspenso al proceso, frente a la resistencia de las defensas que sostuvieron que no existe ni la presunción de comisión de delito.
Encarnadas por Marcelo Fernández y Lionel García, las defensas de los señalados solicitaron que no se formalizara nada hasta tanto se resolviera el otro juicio en curso, presidido por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Miguel Dávila Saffe y Víctor Muñoz Carpino. En ese debate que se dirime en el viejo sistema de Justicia, la defensa de Castro había presentado el acuerdo institucional -con forma de ordenanza- como reparación del daño con la idea de obtener la suspensión del proceso penal.
La ordenanza fue aprobada en sesión extraordinaria, luego de que Castro la presentara y los ediles en la mira la suscribieran. Con ese documento, se pretendía poner fin al juicio que supeditó todo al 20 de marzo, fecha que fijaron las autoridades para dar a conocer su decisión sobre la validez jurídica de la ordenanza.
¿Qué propone la reparación? Plantea donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación, luego de que en 2019 el Concejo Deliberante denunciara a Castro por haber utilizado maquinaria y personal municipal para realizar tareas en un predio de su propiedad, situado en Chimbas.