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SUSCRIBITEValeria Páez fue detenida junto a su pareja tras una investigación por maniobras que habrían engañado a cientos de personas con supuestas oportunidades laborales en proyectos mineros. El perjuicio económico sería millonario.
Una investigación por presuntas estafas laborales que afectaron a trabajadores de distintas provincias terminó con la detención de Valeria Páez, una mujer que se presentaba como ingeniera y ofrecía puestos en proyectos mineros inexistentes. La sospechosa fue capturada en Salta junto a su pareja durante una serie de allanamientos realizados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que intervino en dos domicilios de manera simultánea. Durante los operativos, además de las detenciones, se secuestró documentación considerada clave para avanzar con la causa.
La investigación se inició el 27 de febrero, luego de una denuncia que dio pie a una cadena de presentaciones judiciales. Con el correr de los días se sumaron al menos 31 denunciantes, quienes afirmaron haber sido contactados con promesas de trabajo en proyectos vinculados a la minería.
De acuerdo con los investigadores, Páez ofrecía supuestas vacantes para ingenieros, técnicos, topógrafos y operarios. Sin embargo, no pudo acreditar los títulos profesionales que utilizaba para respaldar su perfil.
Para sostener el engaño, la mujer y personas de su entorno habrían creado varias firmas sin registros formales, entre ellas Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin. A través de estas empresas difundían convocatorias laborales, simulaban procesos de selección y emitían documentación que aparentaba ser parte de contrataciones reales.
El mecanismo incluía el pedido de dinero a los aspirantes para cubrir supuestos gastos administrativos, trámites sindicales o exámenes médicos que, según la investigación, nunca se realizaban. Los pagos se transferían a cuentas de terceros vinculados al grupo, lo que complicaba el seguimiento de los fondos.
El caso tuvo un fuerte impacto en la provincia de San Juan, donde cerca de 200 trabajadores de la construcción denunciaron haber sido engañados con la promesa de ingresar a trabajar en la empresa minera Exar, que opera en Jujuy.
Según los testimonios, a cada postulante se le exigía el pago de 200.000 pesos por supuestas gestiones, además de un cargo adicional por provenir de otra provincia. El perjuicio económico total rondaría los 40 millones de pesos.
La causa también menciona a Carlos Roberto Pérez, quien habría participado en el esquema investigado.
Los investigadores no descartan que el mismo mecanismo se haya replicado en otras provincias, ya que surgieron denuncias similares en Mendoza, Catamarca y Tucumán.
En el marco de la causa, la fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, ordenó el bloqueo de ocho cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos para evitar nuevos movimientos de dinero y preservar posibles fondos para la investigación. Mientras tanto, la pesquisa continúa para determinar el alcance total de la maniobra y la cantidad de damnificados.