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SUSCRIBITESobre Rivadavia, familiares del bebé fallecido en el Hospital Rawson se manifestaron con carteles. En la otra puerta de Tribunales, familia y amigos de la acusada esperan la sentencia.
Mientras sucedía la audiencia en la que se dictará sentencia a la médica Daniela Saldívar, imputada por mala praxis tras la muerte de Lorenzo Narváez Barrionuevo, el recién nacido que falleció en el Hospital Rawson. En las afueras de Tribunales, la familia materna del bebé se ubicó sobre calle Rivadavia, mientras que familiares y allegados de la acusada se concentraron en la entrada de Ignacio de la Roza, a la espera de la definición judicial.
Durante los alegatos, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, más 10 años de inhabilitación profesional. También pidió la detención preventiva de la médica tras el veredicto y reclamó que se investigue por falso testimonio a dos profesionales que, según expuso, habrían intentado favorecer a la imputada con declaraciones contradictorias. En su exposición, Micheltorena sostuvo que Saldívar “no reaccionó” frente a un parto que, según la acusación, evidenciaba un estancamiento prolongado. Detalló que la profesional llegó al sector tras una inducción que llevaba 17 horas, con una paciente exhausta, y aun así no intervino pese a la falta de progreso: la dilatación demandó casi cuatro horas para avanzar apenas un centímetro y el bebé permaneció más de cinco horas sin descender, superando los tiempos clínicos admitidos. Para el Ministerio Público, esa espera derivó en una asfixia irreversible y en la expulsión del niño sin vida.
Tres especialistas respaldaron la hipótesis fiscal. La médica forense María Beatriz Vázquez señaló que los valores del cordón umbilical reflejaban una asfixia sostenida de entre 20 y 40 minutos y que la historia clínica registraba la maniobra de Kristeller, desaconsejada por la OMS. La tocoginecóloga Carla Sotimano afirmó que el cuadro mostraba dilatación retardada y detención del descenso, lo que exigía monitoreo fetal continuo y cesárea urgente. El obstetra Gustavo Paredes remarcó que la falta de control adecuado impidió advertir la gravedad del estado fetal.
Del otro lado, la defensa (a cargo del abogado Joaquín Moine) rechazó la acusación y aseguró que la evolución del parto se mantenía dentro de parámetros aceptables. Cuestionó las pericias y sostuvo que el desenlace no era previsible. Presentó también a dos médicas como testigos, ahora bajo la lupa de la fiscalía por presuntas contradicciones. En el juicio declararon treinta testigos, entre ellos una enfermera que describió el episodio como un “parto de terror” y la abuela del bebé, que afirmó haber presenciado un trato violento hacia la madre.
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