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SUSCRIBITESe trata de Roberto Montilla, quien era investigado por incumplir con sus deberes y por usurpación de funciones. Sin embargo, el mismo fiscal que lo imputó solicitó librarlo de sospecha por no hallar elementos para sostener la acusación. De igual modo, realizó un fuerte pedido a la Corte de Justicia.
A más de un año de haber quedado en el ojo de la tormenta, sospechado de chapear en una comisaría e intentar favorecer a un detenido, el juez Roberto Montilla resultó sobreseído total y definitivamente. La resolución se dio tras el pedido de la fiscalía, luego de no hallar elementos que sostuvieran la acusación. Fue por ello que, este lunes 27 de abril, el juez de Garantías Leonardo Pablo León dictó la sentencia.
El magistrado, que había quedado en la mira del Ministerio Público, estaba siendo investigado por los delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. La denuncia había sido radicada el 7 de abril de 2025, cuando la entonces fiscal de Flagrancia, María Paula Carena, realizó la presentación. A partir de ello, la UFI de Delitos Especiales tomó intervención y llevó al banquillo de los acusados al juez.
Todo inició cuando, dos días antes, José Benito Martín quedó detenido por el presunto delito de estafa y, como consecuencia, fue alojado en Comisaría 4ta. Montilla llamó a la dependencia, manifestó conocer al detenido y sugirió que fuera trasladado a un hogar de residencia para adultos mayores. Según la denuncia, el juez se comprometió a gestionar el traslado.
Con esos argumentos, el fiscal Iván Grassi lo imputó y el hecho representó un revuelo. Sin embargo, después de haber recolectado un gran cúmulo de elementos de convicción durante la Investigación Penal Preparatoria, resolvió definitivamente la situación procesal del imputado y, por ello, pidió el sobreseimiento total y definitivo.
En la audiencia, que no contó con la presencia del imputado, el fiscal sostuvo que "el hecho investigado no encuadra en una figura legal pena". Señaló que se pudo saber que Montilla no ordenó un traslado del preso, sino que lo sugirió. Por ese motivo, manifestó no existió in cumplimiento de los deberes, ni que hubo injerencia indebida en funciones que no tenía competencia, que era lo que se sospechaba.
Tampoco ocurrió que dictara resoluciones u órdenes contrarias. "No se advierten actos propios de la investidura de un juez en el accionar de Montilla, tampoco se entrometió en competencia ajena, por lo que no se puede encausar la investigación ya que objetivamente no se puede encuadrar la conducta en esas figuras", determinó la ayudante fiscal Victoria Martín.
No obstante, el fiscal Grassi advirtió que la conducta fue extraña e inusual y, aunque no constituya un delito, pidió que se envíe copia del dictamen a la sala de superintendencia de la Corte de Justicia, para que se indague sobre el accionar del juez. A pesar de que el defensor oficial, Alejandro Martín García, se opuso a ello, quedó claro que fue el Ministerio Público el que lo requirió y no el magistrado que dictó el fallo.
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