Un caso de extrema gravedad sacudió a San Juan en las últimas horas y generó un fuerte repudio en distintos sectores vinculados a la protección animal. Este lunes, en una audiencia realizada con total hermetismo durante las primeras horas de la mañana, una joven identificada con el apellido Campillay fue condenada a 15 días de prisión condicional por un hecho de zoofilia.
Tras conocerse la resolución judicial, la proteccionista Emilia Merino, integrante de Sala de Emergencias, expresó su indignación a través de redes sociales con un duro mensaje dirigido a las autoridades intervinientes.
“15 días en suspenso es una burla para la sociedad”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de medidas complementarias en el fallo. En su descargo, planteó que este tipo de conductas requieren intervención en salud mental y advirtió sobre posibles riesgos futuros si no se abordan de manera integral.
Además, Merino reclamó información sobre el destino del animal involucrado y criticó el hermetismo del caso. “Deberían informar dónde quedó el perro. Cualquier persona puede volver a darle un animal en adopción y ese animal recibirá el mismo maltrato”, expresó.
El caso
De acuerdo a fuentes judiciales, la acusada no estaba siendo investigada por abandono, golpes o negligencia hacia su mascota, sino por someterla a prácticas sexuales, lo que encuadra dentro del delito de maltrato animal contemplado en la Ley 14.346. Durante la investigación, los peritos hallaron en su teléfono celular al menos ocho videos y múltiples capturas con contenido sexual junto a un perro, material que fue considerado prueba clave en la causa.
El caso salió a la luz a partir de otra investigación por abuso sexual que se tramitaba en la UFI ANIVI, donde fue condenado el entonces pareja de la mujer en un juicio abreviado. En ese contexto, el celular de la acusada fue secuestrado y posteriormente peritado, lo que permitió descubrir el material.
La audiencia, que se desarrolló alrededor de las 7:45, estuvo a cargo de la jueza Celia Maldonado de Álvarez, mientras que la investigación fue impulsada por el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica. En ese marco, la imputada reconoció los hechos y recibió una condena en suspenso, lo que implica que no cumplirá prisión efectiva.