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SUSCRIBITEEl juez Roberto Jorge Montilla hizo lugar a la formalización de la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses, imputando a Juan Marcelo Conca Zamora, señalado como titular de la firma San Juan Terra, por el delito de estafa.
Este viernes la Justicia sanjuanina avanzó en una causa por presunta estafa vinculada a la venta de módulos habitables y resolvió imponer medidas coercitivas sin prisión preventiva a un empresario, acusado de haber engañado a un cliente por la compra de un contenedor marítimo que nunca fue entregado.
El juez Roberto Jorge Montilla hizo lugar a la formalización de la investigación penal preparatoria por el plazo de seis meses, imputando a Juan Marcelo Conca Zamora, señalado como titular de la firma San Juan Terra, por el delito de estafa (artículo 172 del Código Penal). Además, se ordenó un embargo preventivo por un monto aproximado a 8 millones de pesos sobre sus cuentas bancarias, en correlación con lo recibido por el denunciante mediante transferencias en pesos en varias oportunidades.
Según la acusación, el imputado habría simulado solvencia económica y capacidad operativa para vender un módulo habitable, pese a encontrarse en una situación financiera crítica previa a la firma del contrato.
La denuncia fue realizada por Pablo Robertino García Pérez, quien aseguró haber acordado la suma total de 4.700 dólares, mediante transferencias realizadas entre septiembre de 2024 y abril de 2025, sin que el contenedor comprometido fuera entregado. Con el paso de los meses, el acusado dejó de responder mensajes, bloqueó al denunciante y la empresa dejó de funcionar en el domicilio declarado.
De acuerdo a informes oficiales incorporados a la causa, tanto el imputado como la empresa presentaban riesgo crediticio irrecuperable, con deudas superiores a los 16 millones de pesos por cheques rechazados, situación que ya existía antes de la operación comercial investigada.
Durante un allanamiento realizado el 17 de diciembre, la Policía secuestró teléfonos celulares, documentación, cheques, sellos comerciales y cartas documento, elementos que serán peritados en el marco de la investigación.
El magistrado resolvió otorgarle la libertad, aunque con condiciones: el imputado deberá presentarse periódicamente ante la autoridad, tiene prohibición de salir de la provincia y del país sin autorización judicial, no podrá contactarse con el denunciante y deberá abstenerse de obstaculizar la investigación.
La defensa representada por Adrián Miranda, Emilio Marengo, se opuso inicialmente a el pedido de 8 meses de plazo de medidas de coherción solicitadas inicialmente por el fiscal Nicolas Alvo.
La Fiscalía continuará con pericias sobre los dispositivos electrónicos, análisis contable de la firma y la búsqueda de posibles nuevas víctimas que hayan sido afectadas bajo la misma modalidad.