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SUSCRIBITEEl perjuicio económico contra el denunciante fue mínimo, pero la mentira que armó la mujer -de profesión esteticista- fue muy grande. Utilizaba diferentes líneas telefónicas para su ardid, se comprobó que usó el de su abuela para decir que era magistrado. La detuvieron, pero recuperó la libertad.
Una mujer quedó en la mira por el delito de estafa este jueves. Por lo relatado por los representantes de la UFI Delitos Informáticos y Estafas el perjuicio fue mínimo, tan solo $50.000. Pero lo que sí llamó la atención a todos los presentes es la mentira que habría hecho Micaela Vega Ante (29), de profesión esteticista y oriunda de Pocito.
Se hizo pasar por abogada, pero eso no es todo. Entre sus mentiras dijo ser un juez civil utilizando el nombre de un reconocido abogado penalista de la provincia, precisamente Fernando Bueno de la Cruz. Un rebuscado engaño por solo 50.000 pesos.
Vega llegó en calidad de detenida a su audiencia de este último jueves, pero recuperó la libertad tras la resolución del juez de Garantías Federico Rodríguez, que la imputó por el delito de estafa.
El relato que realizaron los ayudantes fiscales Maximiliano Yanzón y Nicolás Zapata fue increíble y todo comienza en abril de 2024. Un hombre llamado Julio Fernández Salinas protagonizó un siniestro vial ese día y, para tener asistencia jurídica, un familiar suyo le dice que se contacte con Vega porque era abogada.Fernández Salinas la llama, le comunica la situación y ella acepta ser su asesora, solicitando el honorario de $80.000.
Se realiza el pago de $50.000 por parte de este hombre a Vega y, tiempo después, esta mujer le enviaba documentos falsos, informes del Banco San Juan truchos, resoluciones donde ella decía haber trabajado como defensora oficial, entre otras mentiras. En una ocasión le mandó fotos de un “acta de audiencia” con el logo del Poder Judicial que decía “Número de Expediente - López/Fernández - Daños y perjuicios”.
Tras meses y meses de engaños hacia el denunciante, tuvo su evento cúlmine a mediados de 2025. Supuestamente, la resolución salió a favor de Fernández Salinas. El presunto juez civil Fernando Bueno de la Cruz resolvía que el Estado debía pagarle una indemnización de $8.000.000. Fallo que venía con documentación apócrifa de un banco.
El pago se iba a realizar el 10 de julio. Fernández Salinas, entusiasmado por la noticia, esperó hasta último momento y le llegó una notificación rara. El supuesto juez Fernando Bueno de la Cruz (en realidad es abogado penalista) le escribió y le dijo que iba a haber un retraso en el depósito del dinero porque debía ser hospitalizado de urgencia en Buenos Aires; explicándole que había recibido una herida cortopunzante.
Recién en ese momento Fernández Salinas se dio cuenta de que podía estar siendo víctima de un engaño. Primero se comunicó con el Foro de Abogados de la provincia y estos le dijeron que Fernando Bueno de la Cruz es abogado, pero no juez. Vega cuando engañó a esta persona le dijo un número de matrícula y, cuando la consultó en el Foro, le dijeron que pertenecía a otra persona.
Esta mujer utilizaba las líneas telefónicas de otras personas para su ardid. Con la investigación que tiene recabada fiscalía hasta ahora, Vega Ante utilizó el celular de su abuela para hacerse pasar por el “juez”.
Un dato no menor es que el MPF le tomó una testimonial al letrado en cuestión (Fernando Bueno de la Cruz) y manifestó que sí conoce a Vega, detallando que defendió al hermano de Vega por una causa federal.
Finalmente, la fiscalía solicitó que quedara con prisión preventiva porque la mujer podría entorpecer la investigación y un plazo de 12 meses para investigar. La defensa, a cargo de Franco Vázquez, se negó a los hechos y lo solicitado por el MPF, dándole a conocer al juez que esta causa se trató en la USA (Unidad de Soluciones Alternativas) y que el 5 de noviembre hubo una audiencia, ya que ella estaba dispuesta a devolver el dinero.
Ante esta manifestación, el juez Rodríguez le llamó la atención a la fiscalía porque debía haber dado a conocer ese dato. Resolviendo finalmente que Vega quedara en libertad con medidas de coerción morigeradas. Dictó un plazo de 6 meses de investigación y la imputó provisoriamente por el delito de estafa.