Una empleada se quedó con la tarjeta de una fiscal sanjuanina y se la "reventó" haciendo compras con la familia
El banco se comunicó con la titular de la tarjeta, la fiscal de Impugnación Silvina Gerarduzzi, y esta expresó que no tenía conocimiento de esa tarjeta. La fiscalía pudo comprobar que se hicieron tres maniobras, una de ellas pudo ser bloqueada a tiempo.
La fiscal de Impugnación Silvina Gerarduzzi fue víctima de una estafa. La misma ocurrió en septiembre último y la funcionaria judicial se enteró a través de un llamado de teléfono del banco donde le informaron que se habían detectado movimientos sospechosos en su tarjeta de crédito. La fiscal, sorprendida, expresó que no sabía de tal tarjeta (sus últimos cuatro dígitos 0915), confirmando que no había sido ella la autora de tales movimientos y que no se encontraba en el país en ese momento.
El caso empezó a ser investigado en UFI Delitos Informáticos y Estafas y en un primer momento se comprobó que la empleada doméstica de la fiscal Gerarduzzi había recibido la tarjeta de crédito y nunca lo dio a conocer, se la dejó.
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Después se comprobó que los hijos y el esposo de esta mujer también estuvieron implicados en la maniobra, porque guardaron los datos de la tarjeta en sus cuentas de Mercado Pago y desde ahí hicieron las diferentes compras. Movimientos que se realizaron entre el 8 y el 10 de septiembre por montos que superaban los 160.000, 97.000, 394.000 pesos y más; además de un intento fallido el 11 de septiembre por 622.360 pesos, dinero que el hijo de la empleada quiso hacer. Posteriormente el 16 de septiembre, volvió a recibir avisos sobre otro consumo por 320.980 pesos.
Los imputados en este hecho fueron identificados como: Sandra Mónica Balmaceda (exempleada de la fiscal), su esposo Juan Domingo Retamoso, y sus hijos, Antonela Abigail y Brian Jesús Retamoso.
Por pedido del MPF y por resolución del juez Javier Figuerola todos quedaron imputados por el delito de defraudación por el uso de tarjeta de crédito. Juan Domingo Retamoso y su hija Antonela Abigail en calidad de autores, Brian Retamoso en grado de tentativa y Balmaceda en calidad de participe necesaria.
Cabe destacar que el juez le dio a la fiscalía un plazo de 1 año de IPP para investigar el hecho.
La UFI Delitos Informáticos y Estafas estaba compuesta por el fiscal Pablo Martín. Por la defensa estuvo el doctor Horacio Merino.
