En mayo pasado se armó el revuelo por los permisos especiales que otorgaron a Miguel Ángel Palma, el asesino de su esposa Cristina Olivares, y el pedido de prisión domiciliaria de Rosa Videla, la otra partícipe de ese brutal crimen. Ahora el malestar en el penal de Chimbas es porque el Juzgado de Ejecución autorizó las salidas transitorias a un femicida que asesinó a su esposa y madre de sus cuatro hijos en 2007, que cumple prisión perpetua y pide salir de la cárcel para estrechar vínculos con su familia, según revelaron fuentes del caso.
Es Roberto Carlos Villarroel, un preso que se hizo tristemente conocido en 2007 por un típico caso de femicidio y fue noticia en 2019 tras recibirse de abogado estando alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Fuentes del caso señalaron que tiene concepto excelente y en teoría cumple con todos los requisitos para acceder a los beneficios carcelarios. El problema, aclaran, es que está condenado por un delito grave, en un momento en que la violencia de género es un tema de Estado.
Villarroel actualmente cuenta con 52 años. Tenía 37 años, cuando mató a su esposa Silvina Beatriz Gómez la madrugada del 29 de marzo de 2007. El hombre poseía un carro de comida en la playa de estacionamiento de un conocido centro comercial de Capital y casi todas las noches llegaba a su hogar cerca de las 5 de la mañana.
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La tragedia. Silvina Gómez quedó tendida en la puerta de su casa. Foto de Diario de Cuyo
La pareja venía con conflictos. Villarroel mantenía un amorío con otra mujer y eso ponía mal a Silvina, que quería separarse. Pero él no quería abandonar la casa que compartían en el barrio Centenario, Chimbas. La hermana de la mujer relató en la causa que Villarroel la golpeaba, la humillaba y hasta le propuso a Silvina llevar a su novia a vivir con ellos bajo el mismo techo.
El asesinato
Esa noche, Villarroel llegó a las 4.40 de la mañana y encima andaba con esa otra mujer que se quedó en la puerta, según el testimonio de un hijo de la pareja. Cuando entró a la casa comenzó la discusión con su esposa y se desató la pelea. Los cuatro niños se despertaron por los gritos y los ruidos. Fue ahí que el hombre se enfureció, sacó un revólver calibre 22 y le pegó un tiro en el pecho a la mamá de sus hijos, que en ese entonces tenía 33 años.
El disparo fue mortal. Segundos después la amante de Villarroel se alejó corriendo, mientras este intentó auxiliar a la víctima y pidió ayuda. Cuando llegó la Policía, Silvina estaba muerta en el piso. Su asesino aseguró que fue un accidente y que sólo quería asustarla. Sin embargo, las pericias y la autopsia revelaron que le disparó justo en el pecho y a menos de 1 metro de distancia.
El hombre se enfureció, sacó un revólver calibre 22 y le pegó un tiro en el pecho a la mamá de sus hijos, que en ese entonces tenía 33 años.
El cuerpo de la víctima presentaba, además, unas escoriaciones producto de golpes. Esto último confirmó que la mujer sufría malos tratos por parte del asesino. Dos de sus hijos declararon en el expediente que la pareja discutía continuamente, que su papá le pegaba a su mamá y en ocasiones debían irse a la casa de su tía. Una hermana y un cuñado de la fallecida testimoniaron que sabían que Villarroel era un golpeador y muchas veces vieron a la víctima con moretones.
El juicio se realizó en febrero de 2008. Villarroel volvió a decir que se les escapó el tiro, pero también instaló la versión de la existencia de un supuesto amante de la fallecida. Aseguró que la noche del crimen discutieron porque vio salir a otro hombre de su casa en el momento en que él llegaba. Incluso, llevó a un amigo suyo para decir que había visto a Silvina con otro hombre.
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El abogado. Roberto Villarroel logró recibirse de abogado dentro de la cárcel.
La fiscal de cámara fue dura con Roberto Carlos Villarroel. El abogado y exdiputado nacional, Eduardo Cáceres, apeló a defender al acusado con el argumento de que no hubo intención de asesinarla y remarcó la teoría de la esposa infiel. Los jueces Eugenio Barbera, Héctor Fili y Ricardo Conte Grand lo condenaron a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
Autorizado
Esta es la historia que hay detrás de Villarroel, quien hace meses solicitó el beneficio de salidas transitorias. La jueza Lidia Ruth Reverendo, la titular del Juzgado de Ejecución, evaluó su caso y por lo visto consideró que cumplía todas las condiciones: el cumplir más de la mitad de la condena, buen comportamiento y superar los exámenes del Gabinete Criminológico del penal.
El 30 de junio emitió una resolución judicial y ordenó a las autoridades penitenciarias que autoricen salir al preso Villarroel el primer y el tercer miércoles de cada mes, de 7 a 21 horas, para estrechar vínculos con su familia en el barrio René Favarolo, en Chimbas. Su primera salida será este miércoles. Irá sin custodia y con la promesa de comportarse bien, no consumir sustancias prohibidas ni alcohol y respetar los horarios.
El 30 de junio emitió una resolución judicial y ordenó a las autoridades penitenciarias que autoricen salir al preso Villarroel el primer y el tercer miércoles de cada mes, de 7 a 21 horas.
Hay malestar por este permiso. Villarroel tiene pena de perpetua y asesinó a su mujer. Es decir que estuvo implicado en el crimen de una mujer y con un trasfondo de la violencia de género. Porque en la causa se estableció que maltrataba a la víctima.
Funcionarios judiciales dijeron que todo es subjetivo y la última palabra siempre la tiene la jueza. Es más, Reverendo ya se había expresado en el caso de Rosa Videla: “hay criterios estándares, pero la ley me permite apartarme y basar mi decisión por criterios subjetivos y objetivos. Sé que es un derecho como parte de las garantías constitucionales, pero eso no significa que yo esté obligada a otorgarlo en todos los casos”.
Por otro lado, hay letrados que dijeron que existen excepciones para no otorgar esos beneficios y citan el artículo 56 Bis de la Ley 24.660, que trata todo lo referido a la ejecución de la pena privativa de la libertad. En ese artículo se señala que no podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados, entre otros casos, por homicidios agravados, torturas seguida de muerte y secuestro extorsivos. Es decir, como en el caso de Villarroel.