Lucía Rubiño: la pericia de la polémica y el conflicto interno de la Justicia que hay detrás

Es que el fiscal Iván Grassi, que imputó por homicidio culposo a Juan Pablo Echegaray, hijo del juez federal Hugo Echegaray, solicitó a los peritos del Complejo Científico Forense y de Criminalística que realizaran la pericia y una reconstrucción del trágico hecho para conocer, dentro de la mecánica del mismo, cómo fue el comportamiento del acusado.

Sin embargo, obtuvo una respuesta negativa y, por ello, debió pedir colaboración a los equipos del Ministerio Público de Mendoza. El dato llamó la atención y fuentes allegadas al caso aseguraron que se trató de un chispazo más del conflicto que la Fiscalía mantiene con la Corte de Justicia por el laboratorio forense.

Las fuentes afirmaron que la oposición a realizar la tarea habría estado sustentada en que la misma ya se había ejecutado para la Justicia de Menores. De hecho, por obra de esa pericia, además de los testimonios, la jueza María Julia Camus procesó al menor involucrado por homicidio con dolo eventual.

Si bien Grassi accedió al informe de los peritos, habría encontrado incongruencias que no lo dejaron conforme y por tanto realizó el pedido. Las fuentes indicaron que las conclusiones de la prueba tampoco dejaron satisfecha a la parte querellante, representada por Marcelo Fernández Valdez, y por esa razón presentará una pericia de parte.

Consultado por este medio, el querellante confirmó su postura y aseguró que la pericia accidentológica se contradice en sí misma. Advirtió que en la enumeración de los supuestos indica una cosa, pero en la conclusiones dice lo opuesto. Es por eso que contrató una empresa salteña especialista en estos casos (InterCrim) y ofrecerá la prueba para todas las partes.

En cuanto al conflicto que hay detrás, las fuentes señalaron que se trató de un capítulo más del tironeo entre la Fiscalía y la Corte por el Complejo Forense. Desde que se implementó el Sistema Acusatorio, en febrero de 2021, el Fiscal General Eduardo Quattropani insistió con que los peritos pasaran a estar bajo su órbita para un funcionamiento más aceitado. No obstante, el máximo órgano de Justicia se negó a ello.

En aquella oportunidad, el entonces presidente, Daniel Olivares Yapur, explicó que por cuestiones técnicas y jurídicas el traspaso no podía ser posible. Argumentó que la Constitución impedía delegar la responsabilidad sobre el laboratorio forense al Ministerio Público.

A raíz de ello, el propio Quattropani hizo declaraciones en la prensa en la que sostenía que la Corte atrasaba el reloj de la historia y desde su entorno aseguraban que desde el Complejo Forense imponían una burocracia innecesaria. Desde entonces han sido varios los cruces entre fiscales y peritos.

Algunos casos tomaron trascendencia y uno de ellos fue cuando un médico forense fue acusado de poner en riesgo la donación de órganos de un paciente del Hospital Rawson, que había sido víctima de un homicidio. Según trascendió en aquel momento, fue Alejandro Yesurón quien fue requerido por el MPF para definir qué órganos se podían donar sin afectar la posterior autopsia, pero no acudió y su demora complicó el proceso.

Otra médica, Beatriz Vázquez, salvó la situación y evitó el escándalo. Sin embargo, lo ocurrido fue informado por la fiscalía para que la Corte tomara medidas contra el profesional. Nunca se conoció si al final hubo una decisión, lo cierto es que el episodio sirvió para avivar el conflicto.

Ni el caso que más estremeció a los sanjuaninos a fines del año pasado pudo sortear la puja. Lucía tenía 16 años y murió el Día de la Madre. Además, la tragedia conmocionó a la opinión pública no sólo por su resultado, sino también por cómo se desató, ya que hay quienes aseguran que se podía haber evitado.

Esa misma madrugada, vecinos del barrio llamaron a la Policía para denunciar que se estaban corriendo picadas y, aunque uniformados se hicieron presentes en el lugar, nada de ello sirvió para persuadir a los involucrados que, horas más tarde, desataron la fatalidad. Es que las cámaras de seguridad mostraron -y así lo sostuvo la pericia de la polémica- cómo una de las peligrosas maniobras que los jóvenes hacían acabó con la vida de Lucía.

Cuestionamientos a la pericia

El querellante Fernández apuntó contra el informe de la pericia accidentológica y su reconstrucción. Es que si bien explica que se hace un estudio detallado de la situación, luego las conclusiones no se condicen con lo anterior. A su ver, ello dificulta tener una idea cercana a la realidad sobre la conducta de Echegaray.

Según pudo saber este medio, la pericia sostiene: "La Pick Up (de Echegaray) continúa circulando de Norte a Sur por calle Zonda activando el sistema de frenos, en ese momento venía circulando por la misma arteria de Sur a Norte el automóvil marca Renault modelo Sandero, en consecuencia y por motivos que se desconocen el automóvil marca Renault invade parte del carril Oeste de calle Zonda por donde venía circulando la Pick Up marca Toyota, tras esta acción el conductor de la pick up acciona los frenos deteniendo completamente la unidad la cual con motivo de ésta maniobra modifica levemente su posición en forma oblicua hacia el cardinal Sureste, el conductor del automóvil gira bruscamente hacia su derecha en dirección Noreste invadiendo la banquina y la vereda Este, sobrepasando las mismas e impactando con el lateral derecho de su parte frontal contra una pared y la menor Rubiño Montilla".

Frente a estas afirmaciones, Fernández, que representa a la familia de Lucía en la causa, se mostró molesto frente a las especulaciones de desvinculación por parte de Echegaray.