Al cabo de dos semanas y unas diez audiencias, el juicio contra el funcionario judicial acusado por violencia de género, Mario Parisí, se acerca a su final y por ello se estima que la semana que comienza, finalmente, se conocerá su resolución. En ese marco, la defensa del imputado confía en que su estrategia surta efecto y que sus principales ejes pesen en la sentencia de la jueza de Garantías Ana Carolina Parra.
El hombre que supo ser coordinador de Flagrancia y de la Unidad de Causas Conclusivas está sospechado por lesiones leves agravadas y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. Sin embargo, desde del entorno de los defensores, Ivana Salas y Rodrigo Aguirre, que asumieron luego de que Fernando Castro y Nasser Uzair dieran un paso al costado, hay elementos suficientes que pueden determinar la absolución.
Según indicaron fuentes allegadas, la buena señal para la defensa es que no se pudo demostrar a lo largo del debate que los hechos ocurrieron como lo señaló la fiscalía con su teoría del caso y la querella con la denuncia. Es por ello que desde el entorno de Parisí destacaron al menos tres cuestiones que parecieran ser los platos fuertes de la argumentación que sostiene su inocencia.
En primer lugar, remarcaron que a pesar de que la calificación contra el funcionario de alto rango refiere al uso de un arma blanca, ya que la denunciante aseguró que el sujeto la amenazó con una especie de katana, los investigadores nunca dieron con algo similar.
Se sabe que Parisí practicó karate y que coleccionaba ese tipo de elementos. No obstante, de lo que llegó a secuestrar la fiscalía nada coincidió con el arma que había sido descripta. Sin el arma, para la defensa no habría motivos para sostener el agravante.
Por otro lado, las lesiones fueron uno de los temas de debate central durante el juicio y, a criterio de los defensores, no pudieron quedar acreditadas. Es que si bien existió un certificado médico que decía que la denunciante había sufrido la quebradura del coxis (producto de una supuesta golpiza de Parisí), una Junta Médica descartó tal fractura.
Esa incongruencia sería un elemento a favor para la defensa que, en el juicio, recordó que ese certificado fue motivo de la detención del funcionario. Según manifestaron las fuentes, con ese documento, el fiscal del CAVIG solicitó la aprensión del acusado y fue en ese momento en que el caso vio la luz de lo público.
Como tercer argumento, desde el entorno de Salas y Aguirre ponderan el resultado del informe psicológico realizado a la denunciante, cuyos detalles no serían menores. La pericia oficial, acorde expresaron las fuentes, describió que la misma posee una "personalidad con rasgos histriónicos, egocéntrica, inmadura emocionalmente, impulsiva e insegura". Para la parte interesada, esa descripción complica a la presunta víctima.
En la pericia de parte, es decir la que impulsó la defensa, lo que se evidenció fue que en una parte de la evaluación dice: "Sin rasgos de estrés postraumático, sino con rasgos de frustración por no continuar con proyectos de vida junto a Parisí". Esa afirmación fue comprendida como un punto a favor del imputado y como uno de los pilares que torcerán la historia a su favor.
Como era de esperar, las diferencias y los contrastes con el Ministerio Público y la parte querellante, representadas por Roberto Ginsberg y Reinaldo Bedini, respectivamente, son importantes. Es por eso que la audiencia del próximo martes, cundo se lleven adelante los alegatos, promete ser una verdadera batalla judicial. En ese punto, cada una de las partes hará su exposición final y solicitará el veredicto que crea conveniente, para que luego la magistrado resuelva si Parisí es culpable o no.
El caso resulta emblemático en materia de violencia de género en la provincia, ya que se trata de una figura pública con funciones claves dentro del Poder Judicial la que fue denunciada y llevada a juicio. Después de 2 años y 9 meses de antesala, en la que los defensores agotaron todas las instancias para evitar el debate y se marcaron récords de extensión de una causa, hecho que fue calificado por el propio Fiscal General como una vergüenza, el caso llega a su definición.
De igual modo y aunque haya un dictamen, está claro que, cualquiera sea la parte afectada, los capítulos continuarán en Impugnación y en la Corte. Sin embargo, sin dudas, la sentencia de primera instancia marcará un punto de inflexión en la causa.