El caso de Adolfo Andrés Holeywell marcó un nuevo caso que involucra a empleados judiciales de San Juan. Tras admitir que alertaba a una banda delictiva sobre operativos en curso, el jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad fue condenado a un año de prisión en suspenso. Pero la condena no fue el final: ahora enfrenta también un sumario administrativo, según confirmó el Ministerio Público. La noticia volvió a encender las alarmas dentro de Tribunales, donde no es la primera vez que un funcionario termina enredado con la Justicia.
La audiencia en la que Holeywell aceptó los cargos fue presidida por la jueza Gloria Chicón. Allí, se ventiló cómo este empleado, con años de servicio en Tribunales y acceso a información reservada, pasaba datos claves a los llamados “roba ruedas”. De acuerdo a las escuchas incorporadas a la causa, llegó a frustrar allanamientos enteros, incluyendo uno en el que un sospechoso clave escapó minutos antes gracias a sus advertencias. La condena se fijó en un año de prisión en suspenso por encubrimiento agravado, aunque no incluyó inhabilitación para ejercer cargos públicos, algo que todavía se discute. Además, le iniciaron un sumario administrativo.
No es la primera vez que un funcionario de Tribunales cruza la delgada línea entre la ley y el delito. Otro caso resonante fue el de Mario Parisí, ocurrido en 2021 pero que llegó a condena recién en septiembre de 2024. Parisí, entonces a cargo de la Unidad Conclusiva de Causas y con una extensa trayectoria en la Justicia, fue acusado de una brutal golpiza contra su pareja, María Fernanda Sánchez. La víctima relató en el juicio los insultos, golpes y amenazas con cuchillo que sufrió esa noche, incluso una fisura de coxis confirmada por un médico.
El proceso judicial contra Parisí estuvo lleno de dilaciones y maniobras. Sus defensores intentaron evitar el juicio a toda costa, incluso ofreciendo probation con trabajos comunitarios y una compensación económica. Todo fue rechazado. Finalmente, en 2024, la jueza Ana Carolina Parra lo condenó a un año y seis meses de prisión condicional por lesiones y amenazas agravadas. La sentencia fue apelada, pero el Tribunal de Impugnación la confirmó. A los pocos meses, Parisí terminó renunciando a su cargo, cerrando también el sumario administrativo en su contra.
Un antecedente menos mediático pero igualmente grave ocurrió en 2021, cuando Humberto Guillermo Luna, empleado del Registro Inmobiliario, fue sorprendido persiguiendo en auto a su expareja pese a tener una orden judicial que le prohibía acercarse a ella. La mujer, aterrada, pidió auxilio en un control policial y exhibió el oficio que demostraba la restricción de 300 metros vigente. Flagrancia actuó de inmediato: Luna fue detenido, juzgado y condenado en un juicio abreviado a un mes de prisión condicional por desobediencia a una orden judicial. También quedó bajo la lupa de un sumario administrativo que podía costarle el cargo.
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Humberto Luna, el empleado judicial.
Los dos bonus
Pero los casos no se agotan ahí. A principios de este año, el juez Roberto Montilla quedó en el centro de un escándalo por su supuesta intervención en favor de un detenido alojado en la Comisaría 4ª. Aunque terminó imputado por usurpación de funciones e incumplimiento de deberes, Montilla contraatacó con denuncias contra fiscales y policías. Una de sus presentaciones apuntaba contra uniformados, a quienes acusó de filtrar videos de su visita a la comisaría. El fiscal Nicolás Schiattino desestimó la denuncia por falta de pruebas y consideró que se trataba de hechos de interés público vinculados a la función judicial.
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El juez de garantías Roberto Montilla, en el medio de la imagen.
El otro “bonus” tiene nombre y apellido: Macarena Selene Cantero. La joven, que se presentaba como empleada judicial, enfrenta una investigación por estafas millonarias. Según la denuncia, habría engañado a una pareja de Rivadavia con la promesa de recuperar una casa rematada. Entre dólares y pesos, los damnificados estiman que perdieron más de 70 millones, dinero que nunca recuperaron. Cantero quedó imputada y bajo medidas restrictivas, aunque permanece en libertad mientras avanza la investigación.
