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SUSCRIBITEAdolfo Holeywell, empleado judicial acusado de alertar a la banda de los “roba ruedas” sobre allanamientos, fue condenado a un año de prisión en suspenso y ahora enfrenta un sumario administrativo por sus actos, confirmaron fuentes del Ministerio Público.
Tras admitir que alertaba a una banda delictiva sobre operativos judiciales, Adolfo Holeywell fue condenado a un año de prisión en suspenso. Las noticias siguen siendo malas para el empleado judicial, ya que ahora enfrenta un sumario interno, según confirmó el Ministerio Público.
El escándalo que sacudió Tribunales tuvo un nuevo capítulo el último viernes. Adolfo Andrés Holeywell, jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad, reconoció ante la Justicia que filtraba información sensible a la banda conocida como los “roba ruedas”, lo que derivó en su condena a un año de prisión en suspenso por encubrimiento agravado por su condición de funcionario público.
La audiencia, presidida por la jueza de garantías Gloria Chicón, tomó un giro inesperado cuando Holeywell decidió aceptar los cargos. Según informó Canal 13, el empleado judicial llevaba años trabajando en tribunales y tenía acceso directo a información reservada sobre investigaciones y allanamientos, datos que utilizaba para alertar a los delincuentes, entorpeciendo operativos clave.
El acuerdo de juicio abreviado fue respaldado por el Ministerio Público Fiscal, representado por Adolfo Díaz y César Recio, y por la Fiscalía de Estado, que actuó como querellante a través de los abogados Gabriel Sanz, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo. La defensa estuvo a cargo de Jorge Olivera Legleu y César Jofré.
El caso salió a la luz tras una investigación de la UFI de Delitos contra la Propiedad sobre la banda de los “roba ruedas”. Durante escuchas telefónicas, se detectó la presencia de un “Adolfo” —apodado “veedor judicial”— que advertía a los sospechosos sobre los movimientos de la Justicia. Según el fiscal Díaz, estas llamadas permitieron que Pablo Emmanuel Díaz, uno de los principales investigados, evadiera un allanamiento previsto para el 15 de mayo de 2025.
Además de la condena penal, el Ministerio Público inició un sumario administrativo contra Holeywell. El fiscal interino Daniel Galvani confirmó que “se ha ordenado un sumario administrativo como consecuencia de los hechos que son de público conocimiento. Ya ha sido notificado el agente judicial”. Sobre las posibles sanciones, agregó: “La sanción, atento a lo que se disponga en el sumario, podría ser aplicada por el Ministerio Público o, en su caso, ser mucho más gravosa. En el caso de una cesantía, pasaría a decisión de la Corte”.
El material presentado en la audiencia incluyó transcripciones de escuchas telefónicas que dejaron en evidencia que Holeywell proporcionaba información sobre la ejecución de órdenes de allanamiento, secuestro y detención, especialmente contra Pablo Díaz. “Evidentemente, el fracaso de la investigación se debió a la filtración de la información que recibieron de Adolfo. Este hecho llamó poderosamente la atención, porque dentro de la misma UFI, el único empleado con ese nombre y encargado de ejecutar las órdenes era Holeywell”, señaló el fiscal.
La condena a un año de prisión en suspenso significa que el acusado no irá a la cárcel, aunque queda registrado y bajo estrictas condiciones de conducta. La resolución del juez no incluyó inhabilitación para ejercer cargos públicos, un punto que aún se analiza en el ámbito judicial.