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SUSCRIBITEFacundo Nievas está en prisión desde el 28 de octubre cumpliendo una pena de 4 años por el delito de peculado. Ya recibió un cachetazo judicial cuando le denegaron la libertad, ahora su defensa impugnó la sentencia impuesta por la jueza Mónica Lucero.
El caso judicial que involucra al exfuncionario del departamento Angaco, Facundo Nievas, condenado a 4 años de prisión por el delito de peculado; sumó un nuevo capítulo tras la presentación de un recurso de impugnación contra la sentencia dictada por la jueza Mónica Lucero.
Tras el cachetazo donde le juez de Impugnación Martín Heredia Zaldo le rechazó la solicitud de libertad porque el fallo no estaba firme. Ahora, este recurso de impugnación de los abogados defensores del condenado cuestionó la valoración de la prueba realizada por la jueza de juicio y sostuvo que el fallo contiene errores jurídicos y fácticos que afectan garantías constitucionales, como el debido proceso y el derecho de defensa.
Según el planteo, la sentencia se apoyó en una interpretación parcial de los hechos y en conclusiones que -a criterio de la defensa- no surgen con claridad de la prueba producida durante el debate. Además, se denunció una supuesta arbitrariedad en la motivación del fallo y se solicitó su revocación o, en su defecto, la realización de un nuevo juicio.
Frente a este planteo, la fiscalía de UFI Delitos Especiales a cargo de Sebastián Gómez respondió y pidió el rechazo íntegro del recurso. Allí sostuvo que la sentencia fue debidamente fundada, que el tribunal valoró correctamente las pruebas y que el recurso no introduce argumentos nuevos, sino que se limita a expresar una disconformidad subjetiva con el resultado del juicio.
El Ministerio Público Fiscal remarcó que el recurso no logra demostrar errores graves ni violaciones a derechos constitucionales y afirmó que los jueces explicaron de manera clara por qué otorgaron mayor credibilidad a determinadas pruebas. En ese marco, solicitó que la condena quede firme.
Ahora, será el juez de Impugnación Heredia Zaldo el que deberá analizar ambos planteos y definir si confirma la sentencia o la modifica.
Cabe destacar que también podría empezar a ser investigado del delito de estafa.
De acuerdo con la acusación, el exfuncionario habría ordenado la obra de agua utilizando maquinarias, materiales y empleados municipales para beneficio propio. Las tareas se realizaron con una velocidad llamativa: en menos de dos días el trabajo quedó terminado. “Mientras unos conectaban los caños, una máquina detrás ya iba compactando la tierra”, relataron testigos durante el proceso judicial.
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