La investigación por el fraude inmobiliario que involucra a la firma Márquez y Asociados, la constructora que registró al menos dos denuncias en San Juan por supuestas estafas, sigue sumando capítulos. Mientras la causa avanza en Córdoba con más de 4.000 denuncias acumuladas, En los últimos días se conocieron nuevos datos que refuerzan la hipótesis de una red familiar que operaba en distintos niveles de la empresa. Entre las novedades, se supo que un apoderado de la firma presentó ante el Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 52ª Nominación dos departamentos ubicados en Ciudad de Panamá, adquiridos por medio de un poder otorgado desde la cárcel por los hermanos Ariel y Juan Pablo Márquez.
El documento fue presentado por el abogado Flavio Ruzzon, apoderado de la firma “MRQZPABAR Desarrollos SA”, y habría sido firmado en la cárcel de Bouwer, donde permanecen detenidos siete directivos, incluidos los hermanos Márquez. Según reveló el diario La Voz, como parte del “aporte de activos” a la quiebra, una de las esposas de los empresarios puso a disposición del juzgado dos propiedades en Panamá adquiridas en enero de este año. Lo curioso es que fueron compradas a nombre de la empresa fallida, no como bienes personales.
Las implicancias penales no se detienen ahí. En los últimos días, fue detenido un familiar político de uno de los principales imputados, señalado como parte de la organización delictiva. El arrestado, gerente comercial y cuñado de otro acusado, habría tenido participación directa en la captación de víctimas y en la gestión de contratos fraudulentos, según relató una de las damnificadas, Sofía Alsaro, al canal cordobés Canal C.
La operatoria de Márquez y Asociados incluía promesas de viviendas que nunca se construyeron, amplias campañas publicitarias y un sistema interno que, según la Justicia, se sostenía con una red de complicidades familiares. Ante la dimensión del caso, el Ministerio de Justicia habilitó un botón especial en su web para recibir denuncias de afectados.
Aunque la causa se concentra en Córdoba, también se conocieron al menos dos denuncias en San Juan. Ambas fueron presentadas en abril pasado ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. En los escritos se detallan contratos irregulares y posibles incumplimientos por parte de la firma. Sin embargo, como los hechos se originaron en la sede cordobesa, la Justicia sanjuanina no tomó intervención directa.
En paralelo, continúa la tarea de la sindicatura designada para ordenar los bienes recuperados y el pasivo de la constructora. Entre los activos figuran un galpón con materiales de obra, 21 vehículos y, próximamente, el remate de 14 de ellos —incluidos camiones, autos y ambulancias— cuyo producido podría rondar los $300 millones. A esto se sumarían los departamentos en Panamá, valuados en unos 250 mil dólares. No obstante, el camino legal no será sencillo: la Justicia argentina deberá sortear obstáculos internacionales en lo que ya se perfila como una compleja “quiebra transfronteriza”.
Casos en San Juan
Aunque el epicentro del escándalo es Córdoba, en San Juan también se conocieron al menos dos denuncias contra la constructora. La primera fue presentada el martes 15 de abril en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, mientras que la segunda se radicó el día siguiente. Sin embargo, la Justicia provincial no intervino directamente, ya que ambas presentaciones tenían como eje la sede cordobesa de la empresa y no hechos ocurridos en la provincia.
Las acusaciones mencionan “contratos dudosos” y posibles incumplimientos contractuales, en línea con las denuncias masivas que se investigan en otras jurisdicciones.
