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SUSCRIBITELa reciente detención de un gerente comercial, familiar de uno de los principales imputados, refuerza la hipótesis de una red organizada con vínculos familiares. La causa avanza, pero las chances de recuperar el dinero son escasas. En San Juan, al menos dos personas denunciaron a la empresa.
La investigación por el escandaloso fraude inmobiliario vinculado a la firma Márquez y Asociados sumó un nuevo y significativo capítulo durante los últimos días. En Córdoba, el pasado jueves se conoció que un familiar político de uno de los principales acusados fue detenido por su presunta participación en la organización delictiva, que ya acumula más de 4.000 denuncias a lo largo del país y al menos dos en San Juan.
La persona arrestada sería un gerente comercial de la firma y cuñado de otro imputado, lo que refuerza la hipótesis de una red familiar que operaba en los distintos niveles jerárquicos de la empresa. Así lo confirmó Sofía Alsaro, una de las damnificadas, en declaraciones al canal cordobés Canal C. Según Alsaro, varios mandos medios estarían implicados en las maniobras fraudulentas y habrían tenido conocimiento directo de las trabas y dilaciones que enfrentaban los proyectos habitacionales ofrecidos por la firma.
La empresa es acusada de captar a miles de inversores a través de desarrollistas y publicidades que prometían viviendas que jamás fueron construidas. Como parte de las medidas adoptadas por las autoridades, el Ministerio de Justicia habilitó un botón especial en su plataforma digital para canalizar las denuncias de los afectados, lo que ha facilitado el acceso a la justicia y amplificado el alcance de la causa.
La Justicia continúa avanzando con la designación de un síndico encargado de ordenar la información y establecer el pasivo de la firma. Sin embargo, las posibilidades de recuperación económica para los damnificados son escasas. En la lista de acreedores, el Estado, los empleados y los proveedores tienen prioridad por ley, por lo que los inversores particulares se ubican al final del reparto. De acuerdo con estimaciones judiciales, una resolución definitiva podría demorar hasta el año 2027.
Aunque el epicentro del escándalo es Córdoba, en San Juan también se conocieron al menos dos denuncias contra la constructora. La primera fue presentada el martes 15 de abril en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, mientras que la segunda se radicó el día siguiente. Sin embargo, la Justicia provincial no intervino directamente, ya que ambas presentaciones tenían como eje la sede cordobesa de la empresa y no hechos ocurridos en la provincia.
Las acusaciones mencionan “contratos dudosos” y posibles incumplimientos contractuales, en línea con las denuncias masivas que se investigan en otras jurisdicciones.