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SUSCRIBITE La magistrada. Esta es la jueza de garantías Gloria Chicón, quien fue suspendida por 30 días sin goce de haberes.
La sanción contra la jueza Gloria Chicón por faltar a su trabajo y mentir, no es el primero. En la Justicia sanjuanina hay antecedentes de otros magistrados que fueron suspendidos o multados por mora judicial y conductas inapropiadas contra empleadas judiciales. Ahora, la pregunta es qué más tiene que pasar para que se llegue a un jury de enjuiciamiento.
Hay mucho silencio en torno al caso de la jueza de garantías Gloria Verónica Chicón. Y nadie quiere opinar, menos sus colegas, algunos de los cuales aseguraron que se enteraron este lunes de la sanción de 20 días de suspensión, sin goces de haberes.
El caso genera revuelo porque faltó a Tribunales desde el 10 al 15 de mayo pasado, sin comunicar nada a la Corte de Justicia. Encima, a la hora de justificarse, aseguró que no asistió a las audiencias por cuestiones personales, pero que las presidió vía zoom, cuando en realidad había salido de la provincia sin informar a sus superiores sobre ese viaje.
El problema para Chicón se originó por una reunión obligatoria que convocó por esos días el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Santics. La jueza brilló por su ausencia. Al pedir informes, el máximo tribunal constató que la magistrada había viajado fuera del país sin avisar, además “alegó falsas causas”, y ahí abrieron un sumario administrativo en la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia, cuya resolución trascendió públicamente este lunes y que le significó un castigo de 20 días de suspensión.
Los otros magistrados
Chicón no es la primera jueza que recibe una sanción por su inconducta como funcionaria judicial. En ese ranking, hay otros magistrados que también fueron castigados en los últimos años por mal desempeño.
El más recordado recientemente es el caso del juez Pablo Flores, ex titular del Segundo Juzgado de Instrucción. Al magistrado lo sancionaron en agosto de 2018 con 30 días de suspensión, sin goce de haberes, por dejar “dormir” más de 60 expedientes judiciales. Después lo denunciaron penalmente por entregar de forma irregular una camioneta –que estaba de secuestro- del Depósito Judicial, justamente, al jefe policial de esa dependencia. Ese fue el fin del magistrado que, para evitar el jury de enjuiciamiento, decidió renunciar a su cargo.
Otro escándalo similar lo vivió el actual juez Carlos Lima, de Flagrancia y la Unidad Conclusiva de Causas, por conducta inapropiada e irrespetuosa contra una empleada judicial que estaba a su cargo. Se habló de un supuesto acoso. En ese entonces también le abrieron un sumario administrativo en la Corte de Justicia que culminó en octubre de 2022 con una sanción de 20 días de suspensión, con el descuento de su sueldo.
El juez civil Carlos Rollán fue otro. A este magistrado lo sancionaron en junio de 2021 tras un sumario que le iniciaron por tratar mal a una empleada judicial de su juzgado. Por utilizar palabras despectivas y humillantes contra su persona, se señaló en ese momento. De castigo, lo suspendieron 15 días sin goce de haberes.
También hubo sanciones contra los titulares de los dos juzgados de Menores, que consistieron en multas. En septiembre de 2019, al juez Jorge Toro le aplicaron una multa de 35 mil pesos por demorar un expediente, no renovar las medidas de protección a una víctima y por su actuación irregular en la causa. Lo mismo pasó con la jueza María Julia Camus, a quien sancionaron con una multa de 32 mil pesos por adelantar opinión en un caso y prejuzgar en una resolución judicial, según fuentes judiciales.
En tribunales señalaron que estas son sanciones graves dentro del ámbito administrativos del Poder Judicial, pero no son motivos para un jury de enjuiciamiento. Estos castigos o sumarios pueden ser citados como malos antecedentes, pero para que juzguen a un magistrado deben existir razones más serias o que esas inconductas sean reiterativas, explicó un funcionario y un abogado constitucionalista.
Por ejemplo, como en el caso del juez Flores, que haya una denuncia en su contra y una causa penal que lo involucre directamente. Es ahí en donde entran a tallar esos antecedentes de inconductas reiteras y sanciones de tipo administrativas en sus años de labor.
Otra razón que se esgrime para un jury son los fallos polémicos en los que se compruebe un apartamiento flagrante de la norma legal y desconocimiento del derecho, consignaron las fuentes. Esto es que surja la prueba evidente que el magistrado actuó con parcialidad y forzó argumentos en una sentencia con el fin de favorecer a algunas de las partes.
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