Un revuelo se generó en el Centro Cívico y sus inmediaciones este miércoles por la mañana, después de que las autoridades resolvieran evacuar el lugar tras una amenaza de bomba. Fue un llamado al 911 el que advirtió que el edificio estallaría, al igual que el Hospital Rawson y Tribunales.
Más allá de la sorpresa que se registró, no es la primera vez que sucede en San Juan y que un edificio del estado debe ser desalojado por emergencia. En los archivos aparecen al menos dos hechos que terminaron con los autores condenados por la Justicia: el 'contador bombita' y el 'caza recompensas'.
El 24 de julio de 2019 se desató un caos tras la amenaza de bomba que se recibió en el Centro Cívico, ya que un hombre aseguró que había colocado un explosivo dentro de uno de los baños. Luego de detectar que la afirmación era falsa, las autoridades rastrearon la comunicación y, dos meses más tarde, dieron con Ernesto Manuel De León Maussion.
A pesar de que el contador negó la acusación, las pruebas en su contra fueron contundentes y por eso fue llevado a juicio. Su defensa ofreció la suspensión de juicio a prueba y, a cambio de tareas comunitarias y una donación a Casa Cuna, zafó de un castigo.
El 2 de junio de 2022, un sujeto llamó a la Policía para exigir una suma millonaria, a cambio de no activar el supuesto explosivo en el edificio público. "Quiero 3 millones de pesos en el estacionamiento de España y Libertador... que le digan al gobernador, si no el Centro Cívico se cae... bomba", sostuvo en su comunicación con el 911.
Fue por ello que se activó el protocolo para estos casos, se evacuó el lugar y las autoridades comenzaron a investigar de dónde provino el llamado hasta que dieron con el autor identificado como Braian Esteban Osandon Alaníz, de 23 años. Con un extenso prontuario delictivo, con robos de todo tipo desde 2015, el joven delincuente fue detenido dos meses después y quedó imputado por la justicia.
Por el delito de intimidación pública en perjuicio de la Administración Pública, en un juicio abreviado fue condenado a 2 años y 6 meses en suspenso, tras un acuerdo de la fiscalía con la defensa.