Tras una semana de largas jornadas, la Justicia de San Juan dictó este miércoles una sentencia condenatoria contra Juan Cruz Marinelli. El empleado judicial fue considerado autor del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, agravado por su condición de funcionario público.
El camino hacia el veredicto no estuvo exento de dilaciones. Previo al inicio del debate, la defensa de Marinelli había planteado que su cliente no se encontraba en condiciones psíquicas de enfrentar un juicio. Los antecedentes inmediatos daban cuenta de una fuerte resistencia por parte del acusado a cumplir con medidas de internación forzada dispuestas anteriormente, alegando un cuadro de vulnerabilidad mental para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, el informe de la junta interdisciplinaria fue determinante: los profesionales establecieron que Marinelli comprendía la criminalidad de sus actos y poseía la capacidad de dirigir sus acciones. Con este aval médico, el tribunal rechazó los planteos de la defensa y dio luz verde al inicio del debate el pasado lunes.
El lunes y el martes se llevaron a cabo las rondas de testigos. Durante mañana y tarde, diversas personas que denunciaron haber entregado sumas de dinero a Marinelli para agilizar o gestionar trámites -que debían ser gratuitos o por vías oficiales- prestaron su declaración. Según fuentes del caso, si bien las sumas individuales no eran de gran magnitud, la sistematicidad de las maniobras dejó en evidencia un patrón de conducta delictiva.
Este miércoles en la mañana, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, presentó los alegatos de clausura al igual que la defensa. La fiscalía sostuvo que las maniobras probadas fueron múltiples, aunque quedó sobrevolando la sospecha de que el número de damnificados podría ser mayor al que finalmente llegó a juicio.
Finalmente, una hora después, el magistrado condenó a Juan Cruz Marinelli a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional. No obstante, el punto más severo del fallo radica en la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, una medida que busca proteger la integridad de las instituciones del Estado frente a actos de corrupción.
A pesar de la condena, el fallo aún no se encuentra firme, lo que permite que el agente continúe, técnicamente, ligado al Poder Judicial. Actualmente, Marinelli presta servicios en la Defensoría Oficial.
Tras conocerse la sentencia de culpabilidad, la pelota queda ahora en el campo de la Corte de Justicia de San Juan, organismo que deberá decidir de forma inminente si procede a la cesantía o exoneración del empleado, considerando la gravedad de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.