Branka Motors: la resignación de los damnificados tras la propuesta de los acusados

Aunque muchos de ellos manifestaron su disconformidad con la propuesta presentada por los acusados, varios estarían dispuestos a aceptarla por una razón concreta: recuperar al menos parte del dinero perdido.

El planteo fue presentado por los hermanos Jonathan y Alexis Marcó y Facundo Banega, quienes ofrecieron una reparación económica total de $500.000.000 como forma de resarcimiento a las víctimas del esquema que la justicia investiga como una presunta estafa piramidal. La estrategia defensiva apunta a acogerse a la figura de reparación integral del perjuicio, una alternativa legal que, de ser homologada por el tribunal y cumplida en su totalidad, podría derivar en el sobreseimiento de los imputados y la extinción de la acción penal.

Actualmente, los tres acusados permanecen bajo prisión preventiva por orden de la jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, mientras avanza la investigación que lleva adelante la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, encabezada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, quienes son intermediarios entre los denunciantes y los imputados.

Según trascendió en ámbitos judiciales, la propuesta no cayó bien entre los denunciantes, muchos de los cuales consideran insuficiente el monto y cuestionan las condiciones del acuerdo. Sin embargo, entre las víctimas también se instaló una mirada pragmática: aceptar el acuerdo podría ser la única manera de recuperar algo de los ahorros entregados, en lugar de afrontar un proceso judicial largo que eventualmente termine con condenas penales pero sin devolución de dinero.

En otras palabras, el dilema para muchos damnificados es claro. Por un lado, deben decidir si cobrar una parte ahora y, por otro lado, arriesgarse a no recuperar nada, incluso si los acusados terminan siendo condenados por la Justicia.

El esquema de devolución planteado por los imputados prevé cinco pagos de $100.000.000 cada uno, que se distribuirían entre los denunciantes de acuerdo con el monto que cada uno aportó originalmente. Acorde se determinó, el cronograma sería el siguiente:

• Primer pago: dentro de los 15 días posteriores a la homologación del acuerdo.
• Segundo pago: a los 30 días.
• Tercer, cuarto y quinto pago: a los 60, 90 y 120 días respectivamente.

Cada desembolso sería prorrateado entre las víctimas, que en total suman 348 personas, según la investigación.

Uno de los aspectos más sensibles del acuerdo es el respaldo patrimonial. De acuerdo con fuentes del caso, los imputados no declararon bienes propios, por lo que las garantías ofrecidas provienen de familiares.

En el caso de los hermanos Marcó, las propiedades utilizadas como garantía pertenecen a sus padres, mientras que Banega habría comprometido bienes de sus abuelos. Esos inmuebles quedarían sujetos al proceso judicial hasta que se complete la devolución total del dinero.

Para la fiscalía, los acusados no gestionaban un emprendimiento fallido, sino una estructura comercial diseñada para captar dinero mediante engaño. El perjuicio económico estimado asciende a $509.543.000. Según la teoría del caso, la concesionaria funcionaba bajo una lógica similar a un esquema Ponzi. A diferencia de estos modelos tradicionales, que prometen rentabilidad financiera, la operatoria de Branka Motors consistía en ofrecer motocicletas a precios atractivos.

La empresa desplegó marketing agresivo, publicidad, cartelería y presencia en redes sociales para captar clientes. Las primeras entregas de motos o devoluciones de dinero, sostiene la fiscalía, se financiaban con el dinero aportado por nuevos clientes, y no con ganancias reales.

Uno de los datos que refuerza la sospecha es que la firma compraba motocicletas a un precio mayor del que luego las vendía, lo que para los investigadores evidencia que no existía un negocio sustentable.

Además, la investigación detectó que los imputados ya planeaban abrir otro comercio bajo el nombre “Emebe”, lo que para la acusación demostraría que la intención era abandonar Branka Motors una vez que el esquema se saturara.

La causa se investiga como estafa en 348 hechos en concurso real, bajo la modalidad de defraudación por engaño. Mientras la investigación sigue su curso, el posible acuerdo económico abre ahora un nuevo escenario judicial que podría definir el destino del caso.