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SUSCRIBITEEl inmueble ubicado en 25 de Mayo y Avenida Rioja, en Capital, comenzó a ofrecerse en alquiler luego del escándalo por la presunta estafa que investiga la Justicia y que dejó cientos de denunciantes.
A casi dos meses del escándalo que sacudió al microcentro sanjuanino, el local donde funcionaba la concesionaria Branka Motors fue puesto en alquiler. El inmueble, ubicado en la esquina sureste de calle 25 de Mayo y avenida Rioja, en Capital, ya es ofrecido por una inmobiliaria, mientras la causa judicial por la presunta megaestafa sigue avanzando en Tribunales.
Según pudo conocerse, en los últimos días el inmueble comenzó a ser promocionado para alquiler a través de Alka Propiedades, aunque hasta el momento no trascendió el monto que se solicita para ocupar el espacio comercial que durante meses fue sede de la firma. Cabe destacar que ya quitaron la cartelería y todos elementos que pertenecían a la concesionaria.
Ese lugar fue escenario, el pasado 19 de enero, de momentos de alta tensión cuando decenas de personas se concentraron frente al comercio para reclamar la entrega de motocicletas que -según denunciaban- habían sido pagadas semanas o incluso meses antes. La protesta derivó en discusiones, agresiones y la intervención de efectivos policiales.
El conflicto estalló luego de que varios clientes aseguraran que la empresa demoraba reiteradamente la entrega de los rodados y que tampoco accedía a devolver el dinero a quienes decidían cancelar la operación. Con el correr de los días comenzaron a multiplicarse las denuncias de presuntos damnificados.
La investigación quedó en manos de la UFI Estafas y Delitos Informáticos, que sostiene que detrás del nombre comercial de Branka Motors habría funcionado una maniobra de defraudación que afectó al menos a 348 personas.
En ese marco, días atrás la jueza de Garantías Carolina Parra dictó dos meses de prisión preventiva para Alexis Javier Marcó, Jonathan David Marcó y Agustín Banegas Subiría, imputados como coautores del delito de defraudación por engaño en concurso real. La magistrada también dispuso la inhibición de bienes y embargos, mientras la Fiscalía tiene un año de plazo para profundizar la investigación.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la firma habría utilizado distintas modalidades para captar clientes -como ventas al contado con entrega prometida en 20 días o supuestos planes de financiación- mientras el dinero ingresaba directamente a las cuentas personales de los imputados.
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