Dos casos escandalosos de estafa y la fallida intervención de la Justicia Restaurativa

Se trata de los casos de Branka Motors y la estafa con lotes que involucra al empresario Héctor Storniolo, los que terminaron convirtiéndose en ejemplos de intentos fallidos de reparación. Como consecuencia, se revocaron beneficios procesales para los acusados y decantaron en la prisión preventiva.

La situación adquiere especial relevancia en un contexto en el que la Corte de Justicia, a través de sus ministros, promueve activamente la Justicia Restaurativa. Y es que el Código Procesal Penal y la puesta en marcha del Sistema Acusatorio en pleno representaron la incorporación de herramientas destinadas a favorecer la reparación del daño y la resolución temprana de conflictos.

Con la aplicación del Acusatorio, establecido por la Ley 1851-O, San Juan sumó mecanismos restaurativos que buscan, en determinados casos, ofrecer respuestas distintas a la lógica tradicional del castigo. La mediación penal, por ejemplo, permite que víctima e imputado participen de un proceso voluntario orientado a la reparación del daño.

Los acuerdos pueden incluir compensaciones económicas, compromisos de conducta u otras medidas destinadas a recomponer el perjuicio causado. La normativa también contempla acuerdos conciliatorios para determinados delitos patrimoniales y culposos, así como otras salidas alternativas.

Incluso, en 2023, la Corte de Justicia creó la Oficina de Justicia Restaurativa, concebida especialmente para trabajar con jóvenes en conflicto con la ley penal y con las víctimas de esos hechos.

Sin embargo, la experiencia demuestra que el éxito de estos mecanismos depende de un elemento central como lo es el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por los imputados, lo que -en algunas ocasiones- no sucede. Como reflejo de ello son dos causas de estafa escandalosas y que generaron gran impacto en la opinión pública.

La Justicia Restaurativa no reemplaza la investigación penal ni elimina el control judicial. Por el contrario, exige que las propuestas de reparación sean concretas, verificables y ejecutadas de buena fe. Cuando ello no ocurre, el sistema prevé que el proceso penal retome su curso ordinario. Es por eso que los casos que -inicialmente- se acercaban a la oportunidad de reparar el daño y evitar un litigio prolongado concluyeron con acuerdos caídos, nuevas sospechas de irregularidades y los principales imputados nuevamente privados de la libertad.

La causa Branka Motors parecía encaminada a convertirse en uno de los mayores ejemplos de aplicación práctica de una solución restaurativa en un proceso penal complejo. No obstante, el accionar de los imputados representó un palo en la rueda para la fiscalía que, días antes, había anunciado con bombos y platillos (en conferencia de prensa) el acuerdo pactado.

Los hermanos Alexis y Jonatan Marcó, junto a Facundo Banega, acusados de una estafa que dejó 352 damnificados, se habían comprometido a reparar el daño económico mediante el pago de $524 millones en cinco cuotas. Pero la esperanza duró poco. La fiscalía demostró que los acusados incumplieron el primer desembolso y ello llevó a que el fiscal Guillermo Heredia cuestionara duramente la buena fe de los imputados.

La reacción de las querellas fue aún más contundente. Los abogados de los damnificados afirmaron que no sólo se había producido la estafa original, sino que también se había intentado engañar al propio sistema judicial mediante una promesa de reparación que nunca se concretó.

Frente a ese escenario, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra dejó sin efecto la salida alternativa, ordenó que la investigación continuara su curso y dictó cinco meses de prisión preventiva para los tres imputados, quienes terminaron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.

Por otra parte, el caso Storniolo derivó en un hecho más insólito todavía. Es que una propuesta de reparación terminó en una nueva imputación por una maniobra irregular de parte de quien tenía supuestas aspiraciones de terminar con una de las tantas denuncias. Por ese motivo, la fiscalía le endilgó un nuevo delito.

El empresario, investigado por una presunta megaestafa vinculada a la comercialización irregular de lotes y desarrollos inmobiliarios, había recuperado la libertad mientras avanzaban conversaciones para una eventual solución alternativa con los cientos de damnificados. Las propuestas incluían la terminación de obras en un plazo de 90 días y estaban respaldadas por informes técnicos atribuidos al arquitecto Pablo Navarro.

Sin embargo, la estrategia se derrumbó cuando el profesional declaró ante los investigadores y desconoció la autoría de los documentos presentados. Aunque reconoció como propia la firma inserta en los informes, negó haber confeccionado esos trabajos. La situación generó sospechas sobre la autenticidad de la documentación utilizada para sustentar la propuesta de reparación.

A partir de ello, el fiscal Eduardo Gallastegui impulsó una nueva investigación y acusó a Storniolo de haber presentado documentación presuntamente falsa para obtener beneficios procesales. La consecuencia fue inmediata, ya que el empresario volvió a quedar detenido con prisión preventiva y enfrentó una nueva imputación vinculada al uso de documento falso.

El caso se produjo en el marco de una causa que ya acumula más de 600 denuncias y un perjuicio económico estimado en más de $2.700 millones.