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SUSCRIBITEEste martes, dos abogados se conformaron como parte querellante en la investigación judicial que tiene en la mira a una instructora del Penal de Chimbas. Qué medidas solicitaron los letrados que representan a Milagros Cortez y su familia.
Después de que una instructora del Servicio Penitenciario fuera denunciada en la justicia por obligar a una aspirante a hacer ejercicios en medio de un ataque de asma, dos abogados se conformaron como parte querellante para representar a la joven que aún continúa en grave estado.
Es que si bien fue dada de alta del Hospital Marcial Quiroga y fue trasladada a su domicilio, quedó con secuelas severas en su salud y, por el momento, no puede hablar ni movilizarse sin complicar su respiración, dada la perforación de un pulmón que sufrió, al igual que la fisura del tórax.
Se trata del caso que involucra a Milagros Cortez, la joven que permaneció internada en terapia intensiva durante 10 días como consecuencia del esfuerzo físico que debió afrontar para cumplir con las exigencias que una superior le demandó, en pleno entrenamiento.
Los abogados Horacio Merino y Omar Quiroga se hicieron parte de la causa que aún se encuentra en instancia preliminar, dado que el fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI de Delitos Especiales, indaga para saber si hay elementos de prueba suficientes que hagan sospechar sobre la comisión de un delito.
Mientras tanto, impulsaron la instrucción el requerimiento de medidas puesto que apuntan contra la instructora, identificada como Claudia Angélica Brizuela Tello, a la que pretenden endilgarle la figura de vejaciones, prevista en el artículo 144 bis, inciso 2 del Código Penal, que castiga con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble tiempo al “funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales”.
Quiroga, que dialogó con Tiempo de San Juan, anticipó que no sólo podrían poner la lupa sobre el accionar de la instructora apuntada, sino también a otros superiores. Es que existe la sospecha de que la participación de Brizuela Tello en la clase, que pudo ser mortal para la chica de 24 años, dado que no habría estado habilitada a ello.
Es por eso que los abogados solicitaron los legajos de la mujer en la mira no sólo a la Universidad Católica, sino también al Servicio Penitenciario para conocer cuáles eran las funciones que allí cumplía. "Veremos en los próximos días si el Ministerio Público acepta o no nuestro pedido, mientras tanto entiendo que el fiscal investiga su historia clínica", destacó Quiroga.
El letrado, que remarcó que pretenden que no se repitan este tipo de acciones con los estudiantes y aspirantes a la Policía o el Servicio Penitenciario, indicó el inicio de sumarios administrativos impulsados desde la Secretaría de Seguridad. "Sabemos que las fuerzas de seguridad han solicitado sumarios administrativos, lo cual está bien en el aspecto interno. Hay que cuidar los Derechos Humanos y este tipo de cosas no deben suceder", manifestó.
La denuncia contra Brizuela Tello señaló que la muchacha le dijo que no se sentía bien a la instructora, pero a ella poco le importó su dolencia e igual forma la obligó a hacer ejercicio. "Si tenés el pecho cerrado, abrilo", le habría dicho la mujer según relató la familia de Cortez.
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