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SUSCRIBITESe trata de Oscar Adárvez, quien fue su propio defensor y, en un acto que sorprendió a las partes, pidió una Junta Médica para determinar si es inimputable o no. Las imágenes de una cámara del CISEM lo comprometen y lo muestran portando un revólver.
Después de que se conociera el insólito pedido que hizo ante la Justicia, trascendió el video que lo compromete. Se trata de una filmación de las cámaras del CISEM que muestra cómo el abogado sanjuanino Oscar Adárvez, de 81 años, manipulaba un arma de fuego que, según la investigación, no estaba autorizada para ser portada.
Esa grabación, que muestra al letrado sosteniendo un revólver calibre 38, es uno de los elementos que motivaron su detención en abril de 2025 y el inicio de una causa por portación ilegal, que se encuentra próxima al inicio del juicio. Sin embargo, el requerimiento del penalista puso freno de mano a la marcha del proceso.
Es que el debate por este delito debía comenzar este miércoles, pero Adárvez, que ejerce como su propio defensor, solicitó la conformación de una Junta Médica interdisciplinaria para evaluar si es imputable o no y, por lo tanto, si puede continuar siendo sometido al proceso penal.
La petición generó sorpresa en el recinto, pero la normativa vigente le permite al imputado requerir este tipo de estudios. Por ello, el fiscal Fernando Bonomo no se opuso y el juez Ricardo Grossi autorizó la medida.
La Junta Médica estará integrada por un psicólogo, un psiquiatra y una asistente social, quienes evaluarán el estado psicológico del abogado y deberán informar si se encuentra en condiciones de afrontar el juicio. Se trata de una situación inusual en el ámbito judicial, ya que fue el propio imputado quien, en su rol de defensor, argumentó no estar en condiciones de continuar.
Las imágenes que ven la luz de lo público lo muestran en plena acción, cuando -avisado sobre el robo en su estudio jurídico- acude al lugar con el revólver e ingresa al sitio de manera intempestiva. No obstante, al no hallar a ningún intruso, sale del mismo y guarda el arma en su espalda, a la altura de su cintura.
Según la acusación fiscal, el hecho que dio origen a la causa ocurrió cuando personal policial descubre el arma que llevaba. En inmediaciones del estudio, ubicado en Avenida Alem e Ignacio de la Roza, fue entrevistado por los uniformados que luego fueron alertados por el CISEM sobre la presencia de un arma. Ante el requerimiento oficial, Adárvez exhibió el arma que tenía en su poder.
De acuerdo con los investigadores, el letrado no contaba con la documentación necesaria para la portación del arma de fuego. Tras ese episodio, quedó detenido y posteriormente se le dictó prisión domiciliaria. Días más tarde, durante la audiencia de presentación en Flagrancia, se resolvió elevar el caso a juicio y se le concedió la libertad mientras avanzaba el proceso.
Mientras tanto, el juicio quedó en pausa y ahora espera la determinación de la Junta Médica solicitada por el propio Adárvez, un paso que definirá si el proceso continúa o si el estado del imputado obliga a un cambio de rumbo judicial.