Arrancó el juicio contra los efectivos de la Policía Federal sospechados de robar un millonario botín
Frente a los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Carolina Pereira, los cuatro acusados comenzaron a ser juzgado en el Tribunal Oral Federal, luego del amague de la semana pasada y de que la oferta de solución alternativa fuera echada por tierra.
Con la declaración del camionero que denunció el hecho y dio origen a la investigación, comenzó finalmente el juicio contra cuatro efectivos de la Policía Federal acusados de haberse quedado con $20.000.000 durante un polémico control vehicular realizado en 2024 en Vallecito, Caucete.
Los imputados son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante, quienes enfrentan cargos en la Justicia Federal por el presunto robo del dinero durante un procedimiento realizado en la Ruta Nacional 141.
El debate oral se inició luego de que el tribunal colegiado integrado por los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Carolina Pereira rechazara una salida alternativa propuesta por las defensas. Según trascendió de fuentes judiciales, los abogados Fernando Bueno de la Cruz, Leonardo Miranda y Jorge Olivera Legleu habían ofrecido una reparación económica al denunciante, que rondaría los 30.000 dólares, pero la propuesta no prosperó y el tribunal resolvió continuar con el proceso.
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Durante la primera jornada del juicio, el fiscal federal Fernando Alcaraz realizó la habitual lectura del requerimiento de elevación a juicio, en el que reconstruyó la mecánica del hecho investigado. Tras esa exposición, el único testimonio que se escuchó en la audiencia fue el del camionero salteño Isaías Eusebio Arce, quien relató cómo se desarrolló el control policial que derivó en la denuncia.
Como era de esperar, Arce relató los hechos desde su perspectiva y apuntó contra los policías federales que habrían actuado con total impunidad. No obstante, fueron sus defensas las que cuestionaron su versión y señalaron inconsistencias en la misma, como contradicciones en los horarios previamente declarados.
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De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos se remontan a la noche del 23 de abril de 2024, cuando personal de la Policía Federal se presentó en el Control Fitosanitario de Vallecito y anunció que realizaría controles vehiculares. La presencia de los efectivos quedó asentada por los trabajadores del puesto sanitario, aunque no existía orden judicial ni aviso previo a autoridades competentes, según lo sostiene la investigación.
Ya en la madrugada del 24 de abril, cerca de las 00.40, ingresó al control un camión Volvo conducido por Arce, que viajaba desde Tucumán hacia Mendoza. Tras pagar el ticket sanitario y avanzar unos metros, el chofer fue interceptado por los policías, quienes le indicaron que detuviera el vehículo para inspeccionar la cabina.
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Durante la revisión, los efectivos encontraron varias bolsas con dinero en efectivo. En total eran $31.000.000 que el propietario del camión, Florentino Condorí Carreño, le había entregado al conductor para realizar pagos a proveedores en Mendoza.
Según el planteo del fiscal, en medio del procedimiento los policías intimidaron al chofer, revisaron su teléfono celular y finalmente le informaron que solo podría continuar viaje con $11.000.000. Los $20.000.000 restantes habrían sido secuestrados por los uniformados, aunque ese dinero nunca fue registrado en ningún expediente judicial ni procedimiento policial.
Al día siguiente, Condorí Carreño se presentó en el Juzgado Federal de San Juan para reclamar el dinero. Allí le informaron que no existía ninguna actuación vinculada al supuesto secuestro, lo que derivó en la denuncia que dio inicio a la investigación y que ahora llegó a juicio.
El debate continuará en el Tribunal Oral Federal con la producción de más testimonios y pruebas para determinar si los cuatro efectivos federales fueron responsables del presunto robo denunciado por el camionero, lo que pone en riesgo sus puestos dentro de la Fuerza de Seguridad. Es que de comprobarse el delito, sus días en las filas estarían contados dado que todos los sospechosos se hallaban en el cumplimiento de sus funciones.