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SUSCRIBITE Tras el homicidio en ocasión de robo que sucedió en Rivadavia, las autoridades policiales dieron a conocer que el sujeto señalado como el autor del arrebato mortal no sólo tenía un pesado historial delictivo sino también se hallaba prófugo de la Justicia. Es que el delincuente gozaba de salidas transitorias y la última, en diciembre pasado, decidió no regresar al Penal de Chimbas.
En ese contexto, trascendieron las cifras de los presos que se aprovecharon del beneficio que respalda la Ley de Ejecución Penal para eludir al sistema judicial. Según publicó San Juan 8, hubo 103 internos del Servicio Penitenciario que en 2020 incumplieron con las medidas impuestas y por ello perdieron el permiso de libertad condicionada.
Aunque la nueva jueza de Ejecución Penal, Lidia Ruth Reverendo Rivera, admitió no contar con esos números al momento de ser consultada y no logró confirmarlos, el detalle publicado es bastante claro. De los 409 internos que salieron de la cárcel, el 25% no cumplió las condiciones cómo debía: unos llegaron por fuera del horario y otros, directamente, no aparecieron, quedando en calidad de prófugos. Ese fue el caso de Sebastián Carlos Artazo, quien ahora carga con la muerte de Hortencia Eva Albarracín.
Frente al interrogante de por qué se le concede la libertad a los delincuentes que cumplen condena, Tiempo de San Juan le consultó a la abogada penalista Romina Vargas Chirino quien explicó cómo funciona el sistema, que en esta oportunidad hizo agua y propició la fatalidad.
Entre los términos que deben cumplir los reos, la letrada destacó a la buena conducta en su estadía tras las rejas, los informes psicológicos que los favorezcan, el haber cumplido más de la mitad de la pena, la continuación de los tratamientos psicológicos, entre otros, dependiendo de los delitos por los que cayeron. "Lo que se busca con esas medidas es que no haya reincidencia, pero a la vista está que en la práctica eso no siempre sucede", indicó.
Si bien Vargas Chirino señaló que cada vez son más los jueces y fiscales que se preocupan por el después del condenado, para que no vuelva a cometer un delito, hay cuestiones de fondo que deberían cambiar para que no haya reincidencia. "La Ley de Ejecución necesita mejoras, afinar esos detalles, sobre todo en el control que es lo que falla al final de cuentas", manifestó.
En ese sentido, la especialista argumentó que el funcionario judicial necesita del respaldo de una legislación para actuar. "No nos olvidemos que también están los abogados defensores que le buscan la vuelta para sacar libres a sus clientes", agregó.
Por otro lado, se refirió a la 'sana crítica racional' del juez -que actúa de sentido común- para tomar una decisión. "Por más que cumpla con todos los requisitos para obtener el beneficio, no puede salir a la calle una persona que tiene una planilla prontuarial de dos o tres páginas. Por eso, un cambio en la ley sería clave", sostuvo.
De los 306 internos del Penal con el beneficio vigente, el detalle es el siguiente:
-117 con salidas transitorias
-153 con libertad condicional
-25 con salida transitoria y semi libertad
-6 con prisión domiciliaria
-5 con libertad asistida
El dato que falta
Luego de que este medio no lograra contactar al director del Servicio Penitenciario Javier Figuerola y tras el desconocimiento de la recién asumida jueza de Ejecución Penal (hace dos días está en el cargo), el número que todavía no se conoce es de cuántos son los presos -con condena- prófugos. Es decir, cuántos de esos 103 incumplidores de las medidas no regresaron a la cárcel y por el momento caminan libres por las calles sanjuaninas.
El tema se presta a debate, ya que también se impone el derecho de los internos del Penal que también merecen la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, tras cumplir condena.