Presuntas estafas

Fraude con planes sociales: la causa pasaría al fuero federal

El fiscal del caso pidió a la jueza Gema Guerrero que se declare incompetente, dado que hay un perjuicio con planes sociales de Nación.
sábado, 5 de diciembre de 2020 · 09:09

El caso por el presunto fraude con planes sociales, que cuenta ya con cuatro detenidos y un dirigente político prófugo, daría un giro. El fiscal de la causa pidió a la jueza interviniente que se declare incompetente y que gire las actuaciones a la Justicia Federal en razón de que están frente a un perjuicio a beneficiarios de planes nacionales y a organismos de la Nación.

El planteo fue hecho este mismo viernes por el fiscal Renato Roca a la jueza Gema Guerrero, del Primer Juzgado de Instrucción, revelaron fuentes judiciales. Esto fue después que recibieran el sumario prevencional sobre lo actuado en la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía provincial. La magistrada todavía no resolvió, pero dan por sentado que se apartará y enviará la causa al Juzgado Federal.

Todavía no hay precisiones de cuántos son los damnificados y el dinero que se quedaron a través de las estafas. Se habla de al menos 20 damnificados, pero pueden aparecer más, explicó un funcionario. Por el momento los detenidos son Natalia Alicia Castro, Walter Rubén Atámpiz, Sergio Eduardo Castillo y Pamela Mariana Agüero. Un quinto sospechoso es Mauricio Chanquía, un referente político del partido Libres del Sur, que continúa prófugo.

Atámpiz y Castillo son socios, trabajan haciendo eventos y producciones, mientras que Agüero sería la amante del primero, aseguró un funcionario judicial. Por su parte, Castro era la encargada de la oficina de empleo del municipio. Lo que no definen aún qué relación existe entre los tres primeros sospechosos, que son de Rawson y Pocito, con Castro que era de 25 de Mayo. Las fuentes señalaron que, en principio, el denominador común solo son la supuesta maniobra que usaban para el engaño y que serían punteros políticos.

De la investigación surge que, supuestamente, estas personas contactaban a jóvenes y adultos desocupados y les ofrecían gestionarles planes sociales. Para ello, les pedía copias de su documentación. Parece que ellos mismos realizaban los trámites y una vez que conseguían el alta del plan, citaban a los beneficiarios en las sucursales del Banco Nación y pedían que retiren la tarjeta y la clave. A la salida, les exigían que se las entregaran. De esta forma, los presuntos estafadores se quedaban con las tarjetas y cobraban los planes de 8.500 pesos y más, mientras que a los titulares de los planes les daban sólo 1500 pesos.

Una vez que la causa llegó a manos de la jueza Guerrero, del Primer Juzgado de Instrucción, y del fiscal Renato Roca, este último se percató de un detalle. En la causa, los damnificados son beneficiarios de planes sociales nacionales y por otro lado el perjuicio también es contra el Ministerio de Trabajo y el mismo Estado Nacional. Fue por eso que el representante del Ministerio Público Fiscal planteó a la jueza que estaban frente a un delito de competencia federal. Con ese argumento solicitó que se declare incompetente y de intervención al Juzgado Federal.

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