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SUSCRIBITE Después de que el caso estallara semanas atrás, la investigación penal por la presunta entrega ilegal de automóviles del Depósito Judicial de 9 de Julio sumó un nuevo capítulo con la designación de un interventor que lleve adelante una auditoría sobre los vehículos que allí permaneces, secuestrados por la Policía.
Sigue el escándalo que tiene tras las rejas al comisario encargado de la planta vehicular, Gustavo Padilla, como así también tiene a un juez de instrucción, Pablo Flores, en la mira como presunto cómplice de los delitos de abuso de autoridad y de incumplimiento de los deberes como funcionarios policiales. Uniformados presos, denunciados por sacar autopartes, y un excortista salpicado son otros de los ribetes de la cuestión.
De fondo, la sospecha es que podría haber más rodados implicados en las presuntas entregas ilegales de autos y para ello desde la Subsecretaría de Control de Gestión eligió al subcomisario Carlos Trigo para llevar adelante la revisión exhaustiva de cada una de las movilidades que ahí se encuentran.
A Padilla, el juez titular del Primer Juzgado Correccional -Juan Pablo Ortega- lo procesó con prisión preventiva por usar de forma personal una camioneta Toyota Hilux del depósito, quien también le compró a una mujer el auto a un precio bajo y después fingió un acta para auto entregárselo y disponer de ese vehículo.
La misma causa desencadenó el pedido de jury para el magistrado Flores, quien por el momento permanece de licencia por aducir problemas de salud. El mismo será sometido al Jurado de Enjuiciamiento que podría quitarle los fueros para que sea indagado por su colega que instruye el caso.