El decreto 70/2017 que modificó el artículo 29 de la Ley 25.871 debutó en San Juan. Es la herramienta jurídica con la que el presidente Mauricio Macri endureció la política criminal argentina para con los inmigrantes que tengan antecedentes o que delincan en el país. Fue por un caso de los juzgados de Flagrancia, donde tres ciudadanos chilenos fueron condenados por intentar hurtar celulares en un supermercado y la Dirección de Migraciones resolvió expulsarlos del país y prohibirles el ingreso.
Los tres chilenos son a Fernanda Maldonado, Emerson Felipe Vergara y Manuel Oyarzo Ollarco, éste último con 17 condenas y un pedido de captura en Chile.
Tal como lo pidió el fiscal de flagrancia Iván Grassi, el juez Carlos Lima aceptó este martes en la mañana la propuesta de juicio abreviado que habían negociado con el defensor particular Horacio Merino y los tres ciudadanos chilenos atrapados en el Híper Libertad intentando abrir una vitirina con celulares fueron condenados.
La pena fue de 1 año de prisión en suspenso y el fiscal Grassi sostuvo que no se los podía considerar reincidente porque no hay información fechaciente en el país de las condenas y del frondoso pronturario que tienen en el país vecino los tres chilenos.
Además, el fiscal Grassi citó el reciente fallo de la Corte de Justicia de San Juan que sentó jurisprudencia sobre los reincidentes.
La Dirección Nacional de Migraciones resolvió expulsar del país a los tres ciudadanos chilenos y prohibir el reingreso al país, conviertiéndose en el primer caso en el provincia en ser deportados rápidamente, tras el decreto del presidente Macri.
