Finalmente, la intención del contador Juan Francisco Brozina se concretó. Y lo que parecían ser dichos tirados al revoleo en venganza por la denuncia en su contra se transformó en una investigación judicial federal contra el Arzobispado de San Juan.
Juan Francisco Brozina, el contador procesado y denunciante.
El juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó una serie de medidas tendientes a probar si los dichos del contador Brozina tienen asidero o si son meras declaraciones explosivas.
Tras el requerimiento del fiscal federal Francisco Maldonado por los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva, el juez Rago Gallo no tuvo otra que enviar una serie de oficios a distintas instituciones. Ésas medidas tienen como objetivo final investigar el movimiento de dinero que hizo el Arzobispado para ver si se detecta algún delito.
En el caso de que haya existido delito, es decir, que hayan ingresado dinero al país sin pagar impuestos y que lo hayan cambiado en el mercado ilegal para evadir al fisco nacional, el paso siguiente sería que el juez federal identifique quiénes hicieron esas maniobras, los impute y los cite a declarar.
Según las declaraciones del contador Brozina, quien hizo público esas supuestas irregularidades el día siguiente de ser procesado por estafa, el movimiento de dinero en negro fue ordenado por monseñor Alfonso Delgado y habría otros sacerdotes que habrían acatado esa orden.
Los oficios enviados por el Juzgado Federal tendientes a probar los dichos de Brozina están dirigidos al Instituto para las Obras de Religión (IOR), un órgano con sede en el Vaticano desde el cual se envía dinero para la construcción de instituciones religiosas; a la UIF (Unidad de Información Financiera, el organismo encargado de investigar el lavado de dinero); a la AFIP, a bancos y al Banco Central de la República Argentina.
Según Brozina, el mismo Obispo ingresó al país dólares que no declaró y luego ordenó cambiarlos en el mercado paralelo al legal para obtener más ganancias.
Igual en el Juzgado Federal toman con pinzas la denuncia de Brozina, teniendo en cuenta que especuló con hacerla después de que el juez Benedicto Correa (subrogando el Cuarto Juzgado de Instrucción) lo procesara por el delito de estafa.
Junto a Brozina, quien era el Administrador del Arzobispado, también fue procesado el Tesorero, Juan Darío Tapia. Las pruebas indican que ambos se quedaron con unos 700.000 pesos provenientes de la colecta de los fieles.
Ese delito se pudo probar por la denuncia de monseñor Delgado como máxima autoridad del Arzobispado, después de que ordenó realizar una auditoría en la administración porque habían empezado a tener problemas con proveedores y con organismos nacionales, ya que al parecer Brozina no depositó el dinero destinado al pago de obra social y jubilación de los empleados del Arzobispado, entre otras irregularidades.
