Radiografía de los menores y el delito

Por Gustavo Martínez Puga

El femicidio confeso –según la Policía- del menor Ángel Morales contra la zondina Talía Recabarren, ambos de 17 años, puso la lupa sobre la ya vieja polémica del sistema de penas y castigos a menores que cometen hechos gravísimos y que sacuden a la opinión pública cuando estallan, pero que luego se diluyen con el paso del tiempo. Una radiografía de los menores y el delito enciende las luces de alarma en varios frentes.

Un repaso por los hechos más graves señala que el ocurrido en Zonda es el quinto homicidio que se produce en el primer semestre del 2016 por parte de un menor de 17 años. Hasta esa edad pueden estar privados de su libertad en el instituto Nazario Benavidez bajo un tratamiento socio-educativo hasta que cumplan los 18 y les puedan aplicar una condena más severa a cumplir en la cárcel de Chimbas.

El de Ángel Morales es un crimen que llama la atención porque reúne todas las características de un femicidio, ya que el joven habría matado a su ex novia por la sola condición de su género. Y el caso pudo haber sido evitado, si se tiene en cuenta que antes la había hostigado y hasta atacado con un cuchillo.

Pero los resortes familiares (su madre temía lo peor) e institucionales (la joven habría pedido ayuda pero no la habrían tomado con seriedad) no se activaron como para evitar haber llegado a encontrar el cadáver de Talía a la vera de la Ruta 12 el miércoles 22 de junio, al quinto día de su desaparición.

No hay antecedentes inmediatos en los últimos años de un menor de 18 años que haya cometido un femicidio.

No menos grave fueron los otros cuatro crímenes en manos de menores ocurridos en seis meses.

-El 24 de enero Marcos Arancibia (24) fue asesinado a sangre fría de un tiro en el pecho. Lo único que hizo fue intentar que no le robaran la cartera con 35 pesos a su novia, en momentos que ambos iban a trabajar. Un menor de 17 años identificado como Luciano Gómez se responsabilizó como autor del disparo y está reconocido en rueda de personas como tal.

-El 16 de abril Martín Ezequiel Fernández (17) fue asesinado de un balazo en la cabeza en una plazoleta del barrio Colón, en Santa Lucía. Un menor de 15 años fue señalado por los otros chicos como el autor del disparo y fue atrapado a las pocas horas. La madre del fallecido dijo que fue a quemarropa; otra versión indica que los jóvenes manipulaban un revólver.

-El 25 de abril Diego Ernesto Espejo murió por los dos cuchillazos que le dio un menor de 17 años con el que había estado tomando durante toda la noche al costado de la Ruta 150, en Jáchal. Eran amigos y en la borrachera habría surgido una vieja disputa que terminó en crimen. El juez de Jáchal, Pablo Oritja, decretó su responsabilidad penal y lo mandó al Instituto Nazario Benavidez.

-El 5 de junio Leonardo Castro, de 35 años, murió acuchillado por la espalda de un puntazo en la base del cráneo. El menor de 17 años identificado como Roque Robledo fue identificado por los testigos y detenido por la Policía. Eran vecinos y Castro lo único que hizo fue separarlo de la pelea con el novio de una de sus hijas, cuando el menor fue a querer comprar vino por la fuerza.

Esos son los delitos contra la vida ocurridos durante este año, pero también se produjeron hechos de extrema violencia por parte de menores de 18 años, tales como delitos contra la propiedad o de índole sexual.

Los menores de 16 y 17 años que cometen hechos graves son privados de su libertad en el instituto Nazario Benavidez por orden judicial.

La realidad de ese lugar es otra foto de los menores y el delito. Tiene capacidad para albergar a 12 menores autores de hechos graves. Actualmente contiene a 11. Y cuatro de ellos son por homicidios. El resto están por otros delitos.

El promedio de población en el Nazario Benavidez es de 9 menores. Hubo un repunte en los últimos meses, pero esa situación cambiará en poco tiempo porque ya hay un par de chicos que estarían en condiciones de obtener la libertad por haber cumplido el tratamiento socioeducativo, según precisó Marcelo Bartolomé, director de la Niñez.

Cabe recordar que Ángel Morales, el autor confeso de la muerte de Talía, fue hospitalizado por el consumo de pastillas en las primeras horas de su detención, por lo que todavía no fue enviado a ese lugar, el cual está próximo a su hogar y al de su familia en Zonda.

El otro menor sanjuanino autor de un homicidio y preso en Casas del Sur, una institución ubicada en Buenos Aires para rehabilitar adictos a drogas ilegales que deben estar privados de su libertad por hechos graves. Se trata del menor que mató a otro de una puñalada en una fiesta clandestina organizada por Facebook en Rivadavia. Y antes había protagonizado un violento robo y secuestro en el microcentro.

Ese dato abre otro ítems en el caso de los menores y los delitos: los centros de rehabilitación de adictos que hay en San Juan son abiertos, es decir que quienes están allí lo hacen por su propia voluntad.

En el Juzgado de Menores informaron que hace algunos años hubo un centro de internación cerrado, con condiciones de seguridad para menores en tratamiento privados de su libertad. Pero, según informaron, de un día para el otro fue cerrado.

Otro botón de la muestra es la Comisaría del Menor, una vieja institución que las actuales jurisprudencias condenaron a muerte y pronto promete cambiar de función y nombre.

Ese edificio tiene capacidad para albergar a 6 menores. Mientras que el promedio es de 29 menores detenidos por cada turno bimestral de las secretarías penales de los dos juzgados de Menores.

¿Y el resto? A las comisarías. Más allá de que se toman todos los recaudos previstos para evitar el contacto de los menores con los adultos durante la detención, y que se preserva las condiciones para no violentar la moral de los menores, ésas dependencias policiales no son el ámbito legalmente previstos para detener a los chicos.

En el gobierno provincial hay preocupación por esa situación y trascendió que están trabajando al respecto para cambiar el sistema y refuncionalizar la Comisaría del Menor. El trabajo es en conjunto con el Juzgado de Menores, áreas de Desarrollo Humano y del Ministerio de Gobierno.

En Tribunales destacaron que hay buen diálogo y mucha predisposición en el Ministerio de Gobierno para solucionar en el corto plazo ese hueco en el sistema.

Los números de las estadísticas siempre generan polémica, pero son otro termómetro en los casos de los menores y los delitos.

A grandes rasgos se puede decir que la cantidad de causas registradas en el Juzgado de Menores se mantuvieron entre el 2011 y el 2015. Las variaciones son mínimas (ver tabla).

De esos indicadores hay un dato que impacta más que otros: en ese mismo periodo de tiempo, hubo un leve descenso en la cantidad de causas consideradas graves (instrucción), donde las penas son de más de 3 años de prisión (robos, abusos sexuales, homicidios). Allí los menores de 16 y 17 años son imputables.

En contrasentido, entre el 2011 y el 2015 hubo un leve incremento en los casos menos graves (correccionales), donde las penas son de menos de 3 años (hurtos, lesiones donde las víctimas tienen menos de 30 días de incapacidad).

En el Juzgado de Menores no pasó desapercibido que, en esos últimos casos, todos los menores de 18 años son inimputables, por más que le hayan dado una golpiza a un niño o a un anciano para robarle un celular o una cartera, por ejemplo.

Que la legislación es suave y ata las manos a los jueces; que se debería bajar la edad de imputabilidad; que va a mejorar con la puesta en vigencia de la inexplicablemente demorada Ley Penal Juvenil… son muchas las aristas para una posible solución. Por ahora, el crimen de Talía Recabarren no hace más que sumarse a la radiografía de los menores y el delito en San Juan.

En cifras

6 Es la capacidad que tiene la Comisaría del Menor para alojar a menores que son detenidos preventivamente.

12 Es la capacidad que tiene el instituto Nazario Benavidez para privar de la libertad a menores que cometen hechos graves.