Su identidad no fue confirmada oficialmente, pero fuentes judiciales precisaron que se trataría de Aldo Carrascosa, perteneciente a una reconocida familia de productores agropecuarios oriunda de Albardón que se ramificaron a toda la provincia. Lo concreto es que la Justicia Federal fue a buscar, no lo encontró y tampoco se presentó a la citación el empresario imputado por el delito de trata laboral agravada por la explotación a más de 30 obreros tucumanos (entre ellos dos menores) que fueron buscados y traídos para cosechar damascos.
Ante esa situación, desde el Juzgado Federal N° 2 se emitió una orden de captura nacional y también se informó a la Aduana y a las fuerzas de seguridad nacional para tratar de evitar que el productor escape del país.
Esas condiciones hicieron que, al cierre de la edición, el empresario estuviera considerado prófugo de la Justicia.
CAMBIO CULTURAL
Esta es la primera vez que en San Juan la justicia ordena detener a un productor agropecuario por trata con fines laborales. El caso implica un cambio cultural, ya que históricamente se acostumbró en las fincas buscar cuadrillas de cosechadores que no eran alojadas en condiciones dignas.
El 18 de noviembre último estalló el escándalo cuando los mismos obreros rurales fueron a pedir ayuda al Ministerio de Desarrollo Humano y a la Justicia Federal, ya que no les pagaban lo que habían acordado (lo cual sería muy por debajo de lo reglamentario), los tenían en condiciones deplorables de habitabilidad y no tenían cómo volverse a Tucumán.
Los trabajadores habían sido buscados por el productor agropecuario sanjuanino en la provincia norteña, y ni siquiera tuvo que correr con el costo de traerlos hasta aquí: usó un sistema de transporte que la provincia de Tucumán subsidia con el objetivo de ubicar laboralmente a sus obreros rurales en épocas que el trabajo escasea en esa provincia.
La Policía Federal, AFIP, RENATEA y el Ministerio de Desarrollo Humano allanaron los dos domicilios de Albardón que habían dado los obreros rurales tucumanos y constataron que era cierto lo que decían. Uno de esos domicilios está en Ruta Nacional 40 y calle Rawson, el otro a poca distancia de ese punto, sobre calle Rawson.
Además, la investigación detectó de otra finca en otro domicilio donde también ese mismo empresario tenía a trabajadores en condiciones inapropiadas, además de no pagarles lo que habían acordado.
Así se inició la investigación en el juzgado federal de Leopoldo Rago Gallo que terminó con la imputación del fiscal federal general, Francisco Maldonado: trata laboral agravada por el número de víctimas (más de 30 personas, entre ellas dos menores de edad).
Esa imputación se hizo cuando se juntaron una serie de pruebas, entre ellas que las cooperativas que usaba el productor agropecuario no estaban en regla y serían una pantalla para contratar mano de obra barata.
La ley y las penas
En el punto 26 de la ley 26.842 se modificó el artículo 145 del Código Penal Argentino y se reguló las nuevas penas por la trata de personas.
Dice el nuevo artículo, el 145 bis, que el delito se configura cuando "mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima”.
Las penas van desde los 5 a los 10 años de prisión (antes era de 4 a 8).
Esa ley tiene agravantes que, en el caso de Albardón, se configuraría por el número de personas. Así lo estipula el inciso 3 de la nueva ley: "Cuando las víctimas fueren 3 o más personas”.
La ley prevé penas más graves cuando la trata se consuma: "Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de 8 a 12 años de prisión”.
La ley dice que, cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. En el caso de Albardón, dos de los trabajadores eran menores de edad.
