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SUSCRIBITEComo la investigación de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas todavía se desarrolla, la medida coercitiva para ambos imputados fue renovada, ya que su libertad pondría en peligro la instrucción.
A dos meses del allanamiento que llevaron adelante las autoridades en un estudio jurídico contable vinculado a los acusados de la estafa millonaria con lotes, le extendieron la prisión preventiva por tres meses tanto a Denise Robles Bonade como a su ex pareja, Rubén Ángel Martín González. Ambos, por el cuidado de sus hijos, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, por lo que continuarán cumpliendo con la medida coercitiva en su vivienda.
A pesar de que las defensas de los acusados vienen insistiendo con recuperar la libertad, el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, solicitó que se renovara la medida con el objetivo de preservar la instrucción y el riesgo que supone que los sospechosos interfieran en la misma. Por esa razón, el juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, le dio la derecha a la fiscalía.
En enero, la jueza Ana Carolina Parra les prorrogó las prisiones domiciliarias a quienes afrontan la acusación por más de 300 hechos. Martín González enfrenta actualmente 159 hechos de estafa, mientras que Denise Robles Bonade acumula 141 causas, cifras que podrían incrementarse en el corto plazo. Desde la fiscalía informaron que resta formalizar y ampliar el objeto procesal, ya que existen al menos cuatro nuevas denuncias en espera de una audiencia de ampliación para ser incorporadas formalmente al legajo.
La causa gira en torno a una presunta estafa vinculada a la venta de terrenos en un emprendimiento inmobiliario que nunca llegó a concretarse. Decenas de personas denunciaron haber entregado importantes sumas de dinero por lotes que jamás fueron urbanizados ni entregados, lo que derivó en un perjuicio económico millonario.
Con la prisión preventiva prorrogada y nuevas denuncias próximas a incorporarse, el caso se encamina a una ampliación significativa del proceso penal, reforzando la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de un esquema de estafas reiteradas y sostenidas en el tiempo.