Esta mañana el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, informó que, luego de revisar los nombramientos que había dejado Francisco Pérez, 83 designaciones, entre pases a planta y ascensos, serán dadas de baja, informó el diario mendocino Los Andes.
Pero de esta auditoria surgió un dato bastante llamativo que evidencia las graves "irregularidades” denunciadas por el Gobierno de Cornejo: se detectó a 7 personas contratadas por la administración anterior que no fueron a trabajar ningún día durante dos años.
"En la Subsecretaría de Trabajo se han detectado siete contratos que no han registrado marcación horaria entre los años 2014 y 2015”, aclaró Garay en conferencia de prensa.
El funcionario agregó que en estos 7 casos, además de dejar sin efectos los contratos, "se ha dejado la compulsa penal, a los efectos que la Justicia criminal de turno determine si el funcionario que ha certificado la prestación de servicios que no han existido, tiene alguna responsabilidad”.
"Por lo pronto, se ha desafectado al personal que venía cobrando sin trabajar, y se ha dispuesto no solamente la compulsa, sino también la investigación administrativa pertinente”, se explayó el ministro.
"Entendemos que la designación del empleado público forma parte de la gran responsabilidad del que administra, porque implica la designación de recursos que no son propios”, continuó Garay.
Desde el Ejecutivo adelantaron que seguirán revisando un conjunto de designaciones que tienen vicios similares.
"Posiblemente, a la brevedad, se va a seguir anunciando los resultados de esta revisión", dijo el ministro de Gobierno.
¿Delito contra las arcas del Estado en Cultura?
En la Secretaría de Cultura "saltaron” contratos irregulares por lo que el Gobierno interpuso una denuncia penal.
"Entendemos que luego de haber hecho un estudio sobre el mecanismo de contratación, existe un posible delito contra las arcas del Estado”, remarcó Garay.
"Se han utilizado figuras contractuales que no son las que debían haberse utilizado para la finalidad perseguida. Se ha contratado a personas por sistema de 'cachet' y se las ha hecho trabajar en otra tarea totalmente distinta” advirtió el funcionario.
En paralelo, el área de Cultura se ha transformado en los últimos días en un pequeño campo de batalla entre las autoridades nuevas de la Secretaría en los gremios estatales Sitea y ATE, que reclaman el pase a planta de 30 personas contratadas irregularmente, incumpliendo acuerdos paritarios.
Garay adelantó que mañana en la mañana se va a hacer la denuncia penal, que la va a presentar el secretario de Cultura, Diego Gareca. "Con esto, nosotros queremos marcar una impronta que implica la necesaria vuelta a la institucionalidad dentro del Estado. En eso vamos a ser inflexibles. No sólo con los ajenos, sino también con los propios”.
Fuente Los Andes
