El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que es investigado por supuesta defraudación al Estado, explicó el convenio para construir las casas. La justicia revisa el destino de los fondos públicos que fueron a la constructora. El abogado "visitó" los despachos del juez Oyarbide y los fiscales Di Lello y Pleé para avisar que haría "una denuncia"
Sergio Schoklender quiere evitar que llegue el día de la indagatoria en la causa por la cual esta siendo investigado por supuesta defraudación al Estado y de lavado de dinero por lo que a su estrategia le sumó la publicación de un libro y una denuncia televisiva contra Norberto Oyarbide.
Schoklender hizo hoy una recorrida por los despachos de Oyarbide, el fiscal Jorge Di Lello y las oficinas del fiscal Raúl Pleé adelantando su estrategia. Estuvo acompañado por su abogado, Eduardo Karlen Guevara.
El 25 de mayo, feriado calendario, se conocía que Schoklender había dejado de trabajar con Hebe de Bonafini, la mujer que lo arropó mientras estaba en la cárcel purgando la pena por el asesinato de sus padres, y que había tomado distancia de su hermano Pablo.
El programa “Sueños Compartidos” atravesó gobernaciones y municipios llevando viviendas sociales erigidas merced a fondos públicos.
“Las casitas rodantes”, como definió Bonafini a las unidades habitacionales construidas en los talleres de Meldorek, empleaba a obreros que hoy están quejándose.
En la televisión, donde volvió a recordar hechos de la vida privada del magistrado que lo investiga, admitió que hay un convenio de "asesoramiento" entre Meldorek y la Fundación.
Los fondos públicos para las viviendas ingresaban a las Madres y la Justicia investiga como llegaba a Meldorek, empresa en la que Schoklender era accionista.
La estrategia del ex apoderado, que según el expediente daría la posibilidad al fiscal para que lo llame a indagatoria por las pruebas, es lograr apartarlo o recusarlo por animosidad siempre que el juez reaccione, cosa que no ha hecho hasta ahora a pesar de las dichos de Schoklender.
En la causa hay “conectadas” más de 150 empresas y 53 hombres investigados. El expediente voluminoso fue digitalizado y Schoklender pudo llevarlo para analizarlo.
Oyarbide autorizó el trámite de digitalización, aunque el investigado hará lo posible para evitar la indagatoria y que la causa vaya a otro juez.
