POR ALFREDO GRIECO Y BAVIO
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Humillada y ofendida. Si la izquierda francesa condenó la decisión del presidente socialista, la derecha repudió sus indecisiones. Después de la deportación, Hollande le ofreció a Leonarda regresar a Francia, para completar el curso escolar, pero sin su familia, también deportada.
La niña de 15 años detenida en Francia cuando estaba en una excursión escolar para ser deportada a Kosovo rechazó hoy la oferta que le hizo el presidente francés, François Hollande, de volver al país sin su familia para terminar el curso escolar.
“No quiero estar sola en Francia, no dejaré a mi familia”, respondió la joven Leonarda tras conocer la oferta, informaron medios franceses, que excluye a sus cinco hermanos y hermanas. Leonarda considera que también ellos y ellas deben poder ir a la escuela. En esto cuenta con un apoyo ideológicamente poderoso, aunque hasta ahora inoperante en la práctica, el del líder del Partido Socialista gobernante, Harlem Désir.
Cero en conducta. Hollande señaló en París que prohibirá las detenciones en los entornos escolares. La policía hizo parar a un autobús lleno de alumnos para hacer bajar a la menor y expulsarla junto con el resto de su familia a Kosovo, en los Balcanes, fuera de los límites actuales de la Unión Europea. Hollande seguirá así la recomendación de un informe encargado por el propio gobierno, que aconseja concretar las reglas vigentes para evitar en el futuro acciones y operaciones en el ámbito escolar. Acaso para evitar la publicidad que dan al hecho, y que vuelve inmediata, como en este caso, la reacción de los estudiantes ante la compañera deportada. Sus compañeros más inmediatos, del parisino liceo Arago, con la solidaridad de otros estudiantes secundarios, organizaron marchas que paralizaron el tránsito en la capital francesa. El mismo texto de 24 páginas, presentado el sábado por ministro del Interior, Manuel Valls, de origen español, e hijo de migrantes, al presidente Hollande, respalda sin embargo la controvertida deportación, aunque critica la actuación desproporcionada de la policía.
Duro, duro, duro. “Nadie me desviará de mi curso”, dijo Valls, el ministro del Interior del gobierno socialista francés, en una entrevista al periódico dominical Le Journal du Dimanche en la que rechaza las críticas vertidas incluso desde su propio partido socialista, sobre lo inapropiado de la detención de la joven rom en medio de una excursión escolar.
Si estas declaraciones enemistan al ministro con la izquierda socialista, lo acercan a un centro cada vez más grande, y cada vez más atento y abierto a las políticas de derecha, de las que el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen fue el abanderado durante décadas. Los conservadores nacionalistas quieren restringir los derechos de los migrantes, de los refugiados y de los peticionarios de asilo, todos fundidos en la categoría de “clandestinos-sin papeles-inmigrantes ilegales”. Irónicamente, el ministro Valls, según los sondeos, ha resultado favorecido, mientras que el “débil” Hollande, según las mismas encuestas que reproducen los medios franceses, no hace más que seguir bajando en cuestiones de imagen ante la opinión pública.
El suelo y la sangre. Jean-François Coppé, líder del mayor partido de oposición, la centroderechista Unión por un Movimiento Popular (UMP), ya anunció que presentará a la Asamblea Nacional un proyecto que de convertirse en ley significará uno de los más decisivos giros históricos –y retrocesos– para los principios republicanos franceses. Nada menos que el cambio del ius soli por el ius sanguinis, el derecho del suelo por el de la sangre. “¿Es normal que un hijo nacido en Francia de padres ingresados irregularmente se convierta en francés de modo automático?”, se preguntó retóricamente el político conservador. Para contestarse con énfasis, el mismo Coppé: “Mi respuesta es no”. El portavoz del Partido Socialista Francés, David Assouline, criticó la propuesta de Coppé. Parecía olvidar, apuntó la prensa, que su gobierno, de hecho, ya la estaba aplicando: uno de los hermanos de la rom deportada –la jovencísima Medina– nació en Pontarlier (Francia) en junio de 2012. Según los republicanos herederos de la Revolución Francesa, esta deportada, nacida en suelo francés, ya es una francesa.
Chilenos quieren votar
Si quienes migran muchas veces enfrentan obstáculos de años para ganar derechos en su nuevo suelo, otras veces pierden los derechos de los que ya gozaban en el suelo que abandonaron. Estimados en al menos 600.000 personas, los migrantes chilenos fuera de Chile están en su mayoría inscritos en los registros electores, pero no pueden sufragar, pues el Estado no constituye mesas de votación fuera de sus fronteras. La candidata presidencial oficialista, la derechista Evelyn Matthei, nieta de emigrantes, desechó apoyar la legalización del voto chileno en el exterior. El tema, como reconocen los impulsores del proyecto para que los migrantes chilenos puedan votar en las elecciones chilenas, está cruzado por la creencia de que la votación exterior sería más favorable a la izquierda, debido a la masiva salida de exiliados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En todo caso, los chilenos en el exterior que impulsan la iniciativa votarán, y demostrarán que puede haber un voto electrónico seguro desde el exterior. La legalización es otra cosa, y no llegará en estas elecciones. Las mayores poblaciones de migrantes están en Argentina, Suecia y Australia, en orden decreciente. El científico Tomás Barros, con estancias como migrante en Francia y Japón, desarrolló con su equipo para este proyecto un portal electoral que permite que hasta 16 millones de personas puedan votar en línea. O sea, toda la población del país. El voto queda siempre encriptado y puede ser seguido por los sufragantes, quienes pueden saber si este fue contabilizado o no. La votación, inédita en la historia del país, será realizada durante la semana previa a los comicios presidenciales y legislativos del 17 de noviembre. Cada migrante chileno podrá votar desde su computadora, tableta o teléfono inteligente.
