Toda la cadena productiva vitivinícola estaba esperando conocer los cambios que implementará el gobierno nacional en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), finalmente tomaron forma tras meses de trabajo con los representantes de las provincias. A través de un decreto, se supo que la principal modificación es que la fiscalización del INV no será en todas las etapas de la cadena de producción vitivinícola sino al final, como lo hace Chile. El control seguirá existiendo y aseguran que el vino que llegue a las góndolas continuará cumpliendo con estándares de calidad.
El INV nació en 1959. En ese momento, se pensó en una estructura capaz de controlar toda la cadena de producción vitivinícola. Pero mientras en otros países, como por ejemplo Chile, fueron liberalizándose, en Argentina permanecían igual. Eran tan complejos los trámites que tenían que hacer los bodegueros ante el INV que solían contar entre sus filas de personal con un gestor dedicado solo a cumplir con las exigencias del instituto.
Hasta ahora, los controles comenzaban apenas en el eslabón primario, el viñedo. Luego cuando la uva ingresa a la bodega, continuaban en los procesos de producción y se extendían hasta que el producto estuviera en góndola. Con este decreto, el control estará en la parte final de la cadena, y delimita la fiscalización obligatoria exclusivamente a los controles destinados a garantizar la aptitud para consumo humano, así como prevenir su manipulación indebida. La focalización del control no significa que dejará de fiscalizarse la genuinidad del vino y remarcaron que no hay riesgos.
Uno de los ejemplos en los que se inspiraron fue en lo que pasó en Chile tras la liberalización de la cadena de controles. En 1995 Chile producía 316 millones de litros de vino y Argentina 1.644, sextuplicando al país vecino. Pero hoy en día los números se invirtieron y mientras Chile produce 1103 millones de litros, Argentina 881.
En San Juan son 97 las bodegas que han elaborado en el 2025. Los cambios impactarán a partir de la vigencia del decreto. El objetivo final es agilizar los procesos, desburocratizar sin dejar de ejercer los controles necesarios para que el consumidor esté tranquilo al abrir una botella de vino.
En junio ya se anunciaron los primeros cambios, relacionados con la flexibilización de los requisitos para importar vino. El nuevo esquema simplifica los trámites para los importadores, eliminando exigencias redundantes y agilizando los procedimientos administrativos. Todo esto se realiza manteniendo los controles de calidad e inocuidad establecidos por la Ley N° 14.878. La resolución busca adecuar los procesos a la dinámica actual del comercio internacional y responde a los principios de eficiencia estatal promovidos por el Gobierno nacional.
