En una decisión sin precedentes para el sistema sanitario local, la provincia de San Juan resolvió avanzar con la judicialización de las deudas que las obras sociales mantienen con el Ministerio de Salud. Esta medida busca recuperar una suma de aproximadamente 800 millones de pesos, cifra que corresponde exclusivamente a deuda consolidad por las prestaciones médicas realizadas desde el año 2024 a pacientes que cuentan con cobertura de salud pero que se atendieron en la red de hospitales públicos.
El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó a Canal 13 San Juan que la Fiscalía de Estado ya tomó intervención para iniciar los procesos de ejecución de deuda correspondientes. La magnitud del problema financiero se refleja en las estadísticas del año 2025, en las que la atención de afiliados a obras sociales en el sistema público generó un gasto cercano a los 16.000 millones de pesos. No obstante, el nivel de recupero fue bajo, alcanzando apenas los 2.200 millones de pesos, lo que representa solo el 13,75% del total de los costos operativos.
Este nuevo esquema de cobro surge tras un cambio en la política nacional ocurrido durante 2024, cuando el gobierno central dejó de actuar como intermediario entre los hospitales y las obras sociales. Ante esta situación, cada provincia debió asumir la negociación directa con las prestadoras para fijar los valores de los servicios médicos.
En el caso de San Juan, se sancionó una ley específica que creó el Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud, otorgando la facultad legal de facturar las atenciones brindadas en centros de alta complejidad como los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, así como en el resto de los centros sanitarios departamentales.
La implementación efectiva de este sistema se consolidó hacia finales de 2024 con la aprobación de un nuevo nomenclador de prestaciones que define los valores de las prácticas médicas. Desde el Ministerio de Salud advirtieron que aquellas entidades que no regularicen su situación mediante convenios o planes de pago se enfrentarán a medidas judiciales, como el embargo preventivo o el bloqueo de sus cuentas bancarias. A pesar de la advertencia, el ministro Dobladez indicó que algunas entidades ya han comenzado a acercarse a la cartera sanitaria para formalizar acuerdos de pago.
Un dato clave en este nuevo escenario es que el valor de las prestaciones en el sector público es aproximadamente un 30% más elevado que en las clínicas privadas. Si bien la firma de convenios con el Ministerio permite a las obras sociales reducir estos costos, el monto final seguirá siendo superior al del sector privado. Esta diferencia de precios y la firmeza en el cobro judicial tienen como objetivo final descomprimir la alta demanda en los hospitales públicos para garantizar la prioridad de atención a aquellos ciudadanos que no poseen ningún tipo de cobertura médica.
En cuanto a la utilización de los recursos que se logren recuperar, la normativa vigente establece que el 75% del dinero se destinará directamente al centro sanitario que realizó la práctica, mientras que el 25% restante quedará en manos del Ministerio de Salud para la gestión del sistema.
Más pacientes en los hospitales
Dobladez, informó sobre un crecimiento sustancial en la utilización de los servicios sanitarios públicos, señalando que “hoy tenemos un aumento de la demanda respecto al 2023 del 60% en los centros de salud”. Según explicó el funcionario, esta situación se aborda por el ministerio mediante la provisión de “medicación, con insumos, con equipamiento”, aunque destacó que el esfuerzo principal recae en los trabajadores que están en el frente de atención, afirmando que “en general el que está en la trinchera es el personal de salud y es el que aguanta este aumento de la demanda”.
Respecto a las causas y el impacto de esta presión asistencial, el ministro definió que el fenómeno de “un aumento de la demanda, por supuesto que es multifactorial”. En este contexto de alta concurrencia, Dobladez manifestó su preocupación por los posibles conflictos gremiales, advirtiendo que las medidas de fuerza generan "angustia" en la población debido a que “hay mucha gente que tiene programada cirugías para esa fecha, estudios complementarios”. Por este motivo, el ministro reconoció el trabajo que realiza diariamente el personal de salud de forma “incondicional” para sostener el sistema ante tales niveles de exigencia.
