El Gobierno de San Juan, a través de la Subsecretaría de Trabajo, notificó formalmente a los gremios sobre la obligación de garantizar el cumplimiento de servicios mínimos durante las medidas de fuerza programadas para esta semana. La medida surgió luego de que los tres sindicatos docentes UDAP, AMET y UDA de la provincia anunciaran un paro de 48 horas para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo en el contexto de las negociaciones paritarias para definir aumentos salariales. En respuesta a esa exigencia, al menos UDAP dejó sin efecto la medida de fuerza.
"No hay paro, nos obligaron a no hacer paro porque por la nueva ley que es decretada a la educación esencial, tenemos que tener un 75% de las escuelas y se ha levantado el paro", confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga. Anunció que este martes por tarde, a las 18:30 explicarán sus razones en conferencia de prensa.
Bajo el marco de la nueva reforma laboral, la docencia fue clasificada como una actividad esencial. Por este motivo, el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó -según cita Canal 13 San Juan- que la legislación vigente exige que se mantenga al menos un 75% de presentismo para asegurar el funcionamiento básico del sistema educativo provincial. Esta disposición se fundamenta en el artículo 24 de la Ley 25.877 y sus modificaciones posteriores, que regulan la prestación de servicios esenciales en conflictos de trabajo.
Para cumplir con esta normativa, el sindicato debía presentar un plan de acción detallado ante las autoridades. En dicho documento se tiene que especificar cuáles eran los establecimientos educativos, los niveles, los turnos y el personal docente que quedará afectado al sistema de guardia para alcanzar el porcentaje de asistencia requerido.
Desde el Gobierno provincial advirtieron que este esquema de funcionamiento mínimo debe entregarse de forma obligatoria antes de que comience cualquier medida de fuerza. Asimismo, las autoridades señalaron que el incumplimiento de la normativa vigente o la falta de presentación del plan de servicios mínimos podría derivar en la aplicación de las sanciones previstas por la ley para estos casos.
