Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEUna medida cautelar del Juzgado Federal N°2 de Mendoza frenó provisoriamente la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), eje del conflicto entre el sector vitivinícola y el Ministro de Desregulación. El fallo llega en la antesala de la cosecha y respalda un reclamo que San Juan acompañó desde el inicio.
La pulseada por el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) sumó este martes un capítulo clave. La Justicia Federal hizo lugar a una cautelar que suspende los cambios impulsados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y mantiene la obligatoriedad del instrumento, cuestionado por el ministro Federico Sturzenegger en el marco del proceso de desregulación.
Según publicó el diario MDZ, el Juzgado Federal N°2 de Mendoza resolvió frenar de manera provisoria la aplicación de la Resolución INV 37/2025, que avanzaba sobre el CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración. La decisión judicial se conoció tras la presentación de un amparo colectivo del sector viñatero y en medio de la polémica pública que desató Sturzenegger al comparar el reclamo con los manejos de la AFA.
El fallo no se pronuncia aún sobre el fondo de la cuestión, pero abre una etapa cautelar en la que se analizará si la eliminación del CIU resulta ilegítima y si puede generar un perjuicio grave e irreparable. En ese marco, el tribunal entendió que el planteo representa derechos de incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos, y resolvió pausar los cambios hasta tanto se dirima la controversia.
En la demanda, los productores sostuvieron que el CIU no es un trámite administrativo más, sino una herramienta bilateral esencial para acreditar cantidad y calidad de la uva entregada, con respaldo en leyes nacionales que regulan la actividad vitivinícola, la maquila y el trabajo de contratistas de viña. También advirtieron sobre la asimetría contractual existente entre productores y elaboradores, que se profundizaría sin ese respaldo documental.
Otro punto central del reclamo fue que la sustitución del CIU por declaraciones unilaterales o por el Documento de Tránsito Vegetal carece de controles efectivos y afecta mecanismos vinculados a la corresponsabilidad gremial, con impacto directo en la formalización del empleo rural y en la seguridad social.
Desde el INV, en tanto, defendieron la Resolución 37/2025 como parte de una política de modernización y desburocratización, y plantearon que el Estado no debe oficiar como garante documental obligatorio de contratos privados. También señalaron que la eliminación del CIU no suprime derechos ni contratos y que existen herramientas alternativas para acreditar la entrega de uva.
La decisión judicial fue leída por el sector como un primer respaldo en un momento sensible, a días del inicio de la cosecha. Para los viñateros, la cautelar garantiza que el CIU siga siendo obligatorio en la próxima vendimia y ordena el escenario mientras continúa el litigio.
El trasfondo del conflicto incluye el fuerte cruce político que se desató días atrás, cuando Sturzenegger cuestionó el amparo y comparó a las entidades vitivinícolas con la AFA. Desde San Juan, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, había considerado “desafortunada” la comparación y dejó en claro que la provincia acompaña la desregulación en general, pero no la eliminación del CIU, una postura compartida con Mendoza y con referentes del sector a nivel nacional.
video