El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) decidió avanzar con una medida concreta frente a los reiterados reclamos de los vecinos de Calingasta por las deficiencias del suministro eléctrico. A través de la Resolución N° 0987/25, intimó a la empresa Naturgy a implementar un plan de obras obligatorio para resolver los problemas del sistema en el departamento cordillerano.
Según los informes técnicos del EPRE, el servicio en Calingasta no cumple con los estándares establecidos en el Contrato de Concesión, registrando más cortes y de mayor duración que la media del Sistema Interconectado Provincial.
El plan exigido se definió como un “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante”, que incluye nuevas inversiones en infraestructura eléctrica, modernización de equipos y un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones actuales.
“El objetivo es garantizar un servicio con calidad, continuidad y eficiencia, como establece la ley”, remarcaron desde el organismo regulador, que actúa en defensa de los derechos de los usuarios.
Consumos del invierno
La decisión del EPRE llega en un contexto de malestar generalizado entre los vecinos del oeste sanjuanino por los altos montos en las boletas de electricidad del invierno.
Durante los meses más fríos, Calingasta e Iglesia encabezaron una ola de reclamos, denunciando recategorizaciones automáticas y aumentos significativos en sus consumos. Incluso, grupos de vecinos viajaron hasta la sede del EPRE en la capital para pedir explicaciones.
En estos departamentos alejados, la ausencia de redes de gas natural agrava la situación: los hogares dependen casi por completo de la electricidad para calefacción, cocina y calefones eléctricos. Esta demanda estacional intensifica los consumos y expone las deficiencias del sistema.
El contexto regulatorio
La intimación a Naturgy se produce mientras el EPRE lleva adelante la Revisión Tarifaria Ordinaria 2026–2031, un proceso que incluye cinco audiencias públicas y una revisión integral del sistema de control y sanciones a las distribuidoras (Naturgy y DECSA).
En la tercera audiencia, realizada el 14 de octubre pasado, el organismo presentó una propuesta para modernizar el régimen sancionatorio y reorientar las inversiones hacia mejoras directas para los usuarios.
Este proceso culminará entre fines de 2025 y principios de 2026, cuando se definan el nuevo cuadro tarifario y los criterios de control y calidad del servicio para el próximo quinquenio.