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SUSCRIBITE El Aporte Solidario y Extraordinario de patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, convertido hoy en ley por el Senado de la Nación por 42 a 26, fue presentado por el oficialismo como una manera de ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus a través de la recaudación de aproximadamente $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.
La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
Esa tasa se elevará al 2,25% en los casos de que los bienes oscilen entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sean de 600 a 800 millones.
La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1500 millones; al 3,25% para el rango de 1500 a 3000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
La sesión, la primera en el marco de la prórroga de la actividad ordinaria en el Parlamento dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el próximo 3 de enero, transcurrió sin sobresaltos para el oficialismo.
El aporte solidario, que fue avalado en Comisión hace poco más de una semana, establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
La alícuota a pagar irá del 2 por ciento al 3,5 y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias. Según detalló la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas.
El mapa que se dibujó en el recinto a la hora de votar, en una sesión que se extendió por varias horas, no mostró diferencias con lo que sucedió en Diputados. Si bien el Frente de Todos contó con el apoyo de algunos bloques provinciales, tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal manifestaron su rechazo a la norma.
Desde Juntos por el Cambio justificaron su rechazo al proyecto basados en el argumento de que “el texto crea una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales” y “que por eso se convierte en tributo confiscatorio”.
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